Con el fin de acordar acciones para garantizar y blindar el ejercicio democrático que se avecina en Colombia, los ministros del Interior y Defensa, Armando Benedetti y Pedro Sánchez; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y los altos mandos de la Fuerza Pública, se reunieron en la sede de la Procuraduría General de la Nación.
La reunión de trabajo tuvo como objetivo principal revisar el panorama de los próximos comicios y evaluar los retos del Plan Democracia 2026, buscando asegurar que la voluntad ciudadana sea respetada.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “el Gobierno nacional no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo, que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios”.
Autoridades coordinan esfuerzos para blindar la transparencia en las elecciones
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de una capacidad operativa sin precedentes para proteger los puestos de votación.
En compañía de la cúpula militar y policial, el ministro Sánchez informó que el Plan Democracia 2026 cuenta con un pie de fuerza de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes estarán presentes en cada rincón del país.
“Hay delitos y riesgos sobre los que tenemos que estar preparados para combatirlos y contrarrestarlos, como la desinformación y la manipulación digital, los ciberataques a la infraestructura electoral, la intimidación a los candidatos o los votantes y otros delitos electorales, como la compra y venta de votos, la suplantación y los fraudes”, resaltó el ministro Sánchez. Le puede interesar: Ofrecerán hasta $50 millones por denunciar compra de votos en Colombia
El Gobierno nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía o intento de constreñimiento al elector.
Además, puntualizó que la mesa de trabajo sesionó buscando articular una respuesta institucional sólida, que prevenga cualquier irregularidad en las urnas y garantice transparencia en el proceso electoral.