La Procuraduría General de la Nación puso bajo observación el proceso mediante el cual Drogas La Rebaja busca integrarse como gestor dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El organismo de control dejó claro que, por ahora, la participación de la cadena de droguerías se encuentra en una fase preliminar y que cualquier avance dependerá del cumplimiento estricto de las exigencias legales y técnicas que rigen para todos los actores del sector.
El Ministerio Público convocó una mesa técnica preventiva con representantes del gremio farmacéutico para revisar la viabilidad real del anuncio oficial que plantea convertir a la red en un operador clave dentro del modelo público.
En ese espacio, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social precisó que la empresa “actualmente se encuentra en una etapa inicial de su proceso de incorporación, y adelantando los trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación”. Lea: Droguerías La Rebaja pasan a manos del Gobierno nacional, ¿por qué?
El ente disciplinario advirtió que la eventual incorporación no podrá darse sin que se acrediten los mismos estándares exigidos a los demás participantes del sistema. Según indicó, el ingreso efectivo del nuevo gestor farmacéutico “supone el cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos exigidos a los demás copartícipes en el sistema”. La instrucción apunta a evitar fallas en la cadena de distribución y posibles afectaciones a los usuarios que dependen de la entrega oportuna de medicamentos.
Requisitos y vigilancia sobre Drogas La Rebaja
La advertencia se produce en medio de un contexto complejo para la compañía. Organizaciones sindicales han alertado sobre un presunto déficit cercano a los 100.000 millones de pesos y sobre dificultades en inventarios tras la intervención estatal a Copservir. Este escenario financiero y operativo incrementa la atención sobre la capacidad real de la red para asumir un papel central en la compra y distribución de medicamentos.
Actualmente, la cadena se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Salud luego de que sus activos fueran transferidos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para la Procuraduría, este tránsito institucional implica “un proceso progresivo y sujeto a verificación por parte de las autoridades competentes”, lo que descarta una incorporación automática o inmediata.
El organismo también explicó que la mesa técnica permitió precisar “las expectativas generadas, el alcance real y su estado actual con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por usuarios y los diferentes colaboradores”.
La vigilancia continuará de manera permanente, especialmente en aspectos relacionados con la experiencia operativa, la cobertura territorial y la capacidad logística de la red, que en el pasado perteneció al extinto Cartel de Cali. La Procuraduría insistió en que el control preventivo busca garantizar estabilidad en el suministro de medicamentos y proteger los derechos de los pacientes dentro del sistema de salud.