El Gobierno Nacional oficializó un giro histórico en la lucha contra el narcotráfico con la presentación de la política “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, una estrategia que abandona el enfoque tradicional de guerra contra las drogas y prioriza la salud pública, la regulación gradual del mercado y el ataque financiero a las grandes estructuras criminales.
Gobierno frena erradicación y propone regular mercado de cocaína
El anuncio fue encabezado por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien explicó que el eje central del nuevo modelo es el principio de “oxígeno”: aliviar la presión penal sobre el eslabón más débil de la cadena, el pequeño cultivador, mientras se intensifica la ofensiva contra los grandes financiadores y redes criminales. Lea:Gobierno Petro logra acuerdo sobre salario mínimo 2026
Según el documento técnico, el Estado garantizará que los pequeños productores en zonas de manejo especial no enfrenten erradicación forzada si demuestran voluntad de transitar hacia economías legales. La sustitución será voluntaria y gradual, permitiendo el acceso a programas de reconversión productiva sin la amenaza de cárcel o fumigación.
El objetivo, señala el texto oficial, es reducir las vulnerabilidades territoriales e integrar estas regiones a la economía formal, priorizando la transformación estructural por encima de la represión.
Cambio en la medición del éxito
La nueva política modifica el indicador tradicional de resultados. En lugar de medir el éxito por hectáreas erradicadas, el Gobierno evaluará la capacidad de afectar las rentas criminales, destruir laboratorios e infraestructura industrial y debilitar financieramente a las organizaciones.
La meta planteada es ambiciosa: reducir 900 toneladas de cocaína para 2026 y sacar del mercado 11.776 millones de dosis mediante incautación de insumos químicos, destrucción de laboratorios y fortalecimiento de la interdicción y la lucha contra el lavado de activos.
Ruta hacia la regulación
El punto más controversial es la intención de avanzar hacia una “regulación de mercado” de sustancias ilícitas, alejándose del modelo prohibicionista. La política contempla una “regulación justa y responsable” que incluya usos no médicos ni científicos de la hoja de coca y el cannabis, lo que abriría la puerta a un mercado legal controlado por el Estado para fines adultos e industriales.
Este enfoque marca una ruptura con décadas de política antidrogas centrada en la erradicación forzada y la persecución penal.
Consumo como asunto de salud pública
En materia de consumo, el Gobierno ratificó que será tratado exclusivamente como un problema de salud pública. Se desarrollarán estrategias de prevención y reducción de daños, eliminando la estigmatización y la respuesta penal contra los usuarios.
La atención a consumidores se hará bajo un enfoque de derechos humanos, dejando atrás el tratamiento policial y judicial.
Con esta política, el Ejecutivo redefine la estrategia nacional frente al narcotráfico, priorizando la transformación económica de los territorios, la regulación progresiva y la asfixia financiera de las grandes estructuras criminales.