A pocos meses de que termine el actual periodo presidencial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió sobre los riesgos que enfrenta la implementación de sus fallos y pidió al Gobierno expedir, con urgencia, el decreto que define las condiciones para el cumplimiento de las sanciones restaurativas.
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Harvey Danilo Suárez, oficializó un recurso de insistencia este viernes ante una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) que evaluó en terreno los desafíos de ejecución de las sanciones propias en Colombia. Lea: ¿Cuánto le pagarán en febrero? Esto pasará con la primera quincena tras la suspensión del salario mínimo 2026
JEP presenta recurso de insistencia para que el Gobierno expida decreto clave sobre cumplimiento de sentencias
Durante la novena sesión de la Instancia de Articulación (Insart), Suárez alertó que la implementación de las sentencias podría verse afectada por el cambio de administración gubernamental.
“Este gobierno está a pocos meses de terminar su gestión y la historia de las políticas públicas nos muestra que hay temas que se quedan en el camino”, afirmó ante los delegados internacionales.
Según explicó, el recurso busca garantizar “las condiciones necesarias para materializar las sanciones impuestas” y proteger la independencia de la JEP en el actual contexto electoral. El decreto pendiente establecería las condiciones transversales para hacer efectivas las decisiones judiciales.
La CPI revisa sanciones a máximos responsables
La delegación de la CPI estuvo encabezada por Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos, y la oficial jurídica Eugenia Valenzuela. Ambos revisaron el contenido de las tres primeras sanciones impuestas a máximos responsables de crímenes de guerra.
Aunque calificaron a Colombia como un “referente mundial” en justicia transicional, señalaron que constataron directamente los esfuerzos y desafíos existentes para la implementación de las Sanciones Propias.
La revisión se centró en los proyectos restaurativos del Caso 01, contra el último Secretariado de las Farc-EP por secuestros, y en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
La Fiscalía de la CPI confirmó que mantendrá el seguimiento sobre la ejecución de estas penas, que incluyen trabajos y obras con contenido reparador.
Gobierno reconoce dificultades operativas
Desde el Ejecutivo, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, reconoció las dificultades para acompasar los tiempos judiciales con los administrativos.
“A veces es difícil acompasar los tiempos judiciales con los tiempos de la administración pública, pero eso es lo que hemos estado trabajando”, explicó.
El funcionario anunció que se formularon siete proyectos restaurativos cuya financiación y ejecución iniciarán el próximo mes de abril.
Por su parte, Sara Rodríguez, directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, subrayó que la viabilidad del modelo depende de los recursos disponibles y pidió fortalecer los mecanismos de monitoreo para traducir las decisiones judiciales en ejecución estatal efectiva.
Obligaciones internacionales y garantías para las víctimas
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, recordó que el Estado colombiano adquirió compromisos específicos con la CPI en 2021. Según explicó, el acuerdo vigente obliga al país a preservar el marco legal y constitucional de la justicia transicional y a garantizar las asignaciones presupuestarias necesarias para su funcionamiento.
Ramelli insistió en que las sentencias deben estar respaldadas por proyectos que aseguren condiciones de seguridad y habitabilidad para los comparecientes, requisitos fundamentales para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
El debate sobre la expedición del decreto y la financiación de las sanciones restaurativas se mantiene en el centro de la discusión institucional, en un momento clave para la estabilidad del modelo de justicia transicional en Colombia.