Este lunes, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de imputación contra Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en la obtención de títulos profesionales con los que buscaba ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En el mismo proceso también será imputado Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José.
Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por presunto fraude para obtener títulos profesionales
La información fue confirmada por la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, quien indicó que Guerrero será procesada por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
Presuntas irregularidades en títulos académicos
De acuerdo con la Fiscalía, los títulos cuestionados corresponderían a contadora pública y tecnóloga en gestión contable, acreditaciones que habrían sido utilizadas para aspirar al cargo en el Ministerio de la Igualdad y Juventud.
Según las investigaciones preliminares, existen elementos que indicarían que Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las pruebas Saber, requisitos obligatorios para obtener dichos títulos. El ente acusador señaló que continúa adelantando indagaciones para establecer si existen más casos relacionados.
Denuncia fue revelada por congresista Jennifer Pedraza
La denuncia pública fue realizada inicialmente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha seguido el caso y presentó documentación ante las autoridades.
Entre las pruebas aportadas figuran facturas oficiales de la DIAN que demostrarían pagos cercanos a los 8 millones de pesos por concepto de los dos títulos académicos expedidos por la Universidad San José.
Según Pedraza, los pagos se habrían realizado aproximadamente un mes después de la fecha en que, presuntamente, Guerrero ya figuraba como graduada. Los recursos, de acuerdo con la documentación presentada, ingresaron a cuentas oficiales de la institución educativa.
Continúan las investigaciones
La Fiscalía señaló que el proceso apenas inicia con la radicación del escrito de imputación y que en las próximas etapas se definirá la situación jurídica de los implicados.
El caso ha generado debate sobre los mecanismos de verificación de títulos académicos en el acceso a cargos públicos y los controles institucionales en procesos de nombramiento dentro del Estado.