La explosión registrada a finales de enero en zona rural del corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño), no solo dejó víctimas mortales, sino que destapó una fuerte confrontación interna entre estructuras armadas ilegales que operan en esa región del Pacífico colombiano.
Lo que inicialmente fue presentado como un hecho aislado, hoy es analizado por las autoridades como parte de una disputa por el control de economías ilícitas.
El estallido ocurrió en la noche del jueves 22 de enero. En ese momento, el reporte preliminar hablaba de siete personas fallecidas y más de diez heridas, sin mayores detalles sobre las circunstancias del hecho. Días después, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso a través de su cuenta de X, donde calificó lo sucedido como un “delito de lesa humanidad” y aseguró que las denuncias se sustentarían en información que, según señaló, estaba en manos de la denominada ‘inteligencia popular’. Lea: Fuerte explosión en un laboratorio dejó 8 muertos y varios heridos
A nivel regional, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, indicó que las autoridades avanzaban en la verificación de lo ocurrido. “Lamentamos la muerte de estas personas y esto es materia de investigación. Se sabe la cifra de siete muertos en esas circunstancias, que no tienen que ver nada con un hecho del conflicto armado”, manifestó entonces.
Con el avance de las indagaciones, se estableció que la explosión tuvo lugar dentro de un laboratorio destinado al procesamiento de alcaloides, ubicado en una zona rural de Llorente. Según información conocida por El Tiempo, la instalación era atribuida al Frente Iván Ríos, estructura que hace parte de las disidencias conocidas como la ‘Segunda Marquetalia’, y era utilizada para el manejo de insumos ilícitos asociados a la producción de coca.
Versiones contradictorias sobre el número de víctimas
El episodio volvió a cobrar relevancia durante una reciente sesión de la Mesa de Diálogos de Paz, donde representantes de ese grupo armado plantearon que el balance inicial no reflejaría la dimensión real de lo sucedido. De acuerdo con esa versión, la explosión habría dejado cerca de 30 personas muertas, dos desaparecidas y varios heridos, aunque sin un consolidado oficial.
En ese mismo escenario, los voceros señalaron que la detonación pudo haber sido provocada mediante el uso de drones y apuntaron como posible responsable al Frente Oliver Sinisterra, con el que existirían disputas internas en la zona. Esta hipótesis hace parte de los elementos que están siendo evaluados por las autoridades.
Un laboratorio en medio de una guerra por economías ilegales
Fuentes de inteligencia consultadas por El Tiempo indicaron que lo ocurrido estaría relacionado con tensiones internas por el control territorial, los laboratorios y las rutas del narcotráfico. Estas disputas se han intensificado en el suroccidente del país, incluso entre estructuras que actúan bajo una misma denominación.
Este diario tuvo acceso a imágenes y videos posteriores a la explosión, en los que se observa la estructura incendiada y a personas intentando sofocar las llamas con recursos improvisados. Otros registros muestran el traslado de cuerpos cubiertos con sábanas y restos calcinados tras el incendio.
Según la información recopilada, el laboratorio contaba con cerca de 70 puestos de trabajo. Tras la explosión, varios heridos fueron trasladados al Centro Hospital Divino Niño, en Llorente, y algunos debieron ser remitidos al hospital del mismo nombre en Tumaco debido a la gravedad de las lesiones.