La Defensoría del Pueblo y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmaron en sus reportes más recientes que la alteración del orden público en el Catatumbo, que mantiene a más de diez municipios de Norte de Santander bajo extrema alerta de riesgo inminente, responde a la agudización del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la estructura del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró dentro de su balance de cierre de año, que la ruptura de los acuerdos de no agresión entre ambos grupos ilegales ocurrió tras el fracaso del cese al fuego bilateral. Camilo González Posso, director de Indepaz, explicó en el documento ‘Dinámicas del conflicto en la frontera’ el motivo técnico de la confrontación.
“Lo que observamos es una disputa por el control hegemónico de corredores estratégicos hacia Venezuela. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de copamiento militar donde el ELN busca expulsar a las disidencias del Frente 33 de zonas que históricamente compartían”, se lee en el informe técnico firmado por González Posso.
Impacto en la población civil
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entregó cifras consolidadas sobre el impacto en la población civil. Según el ‘Boletín Humanitario Mensual’ publicado al cierre de diciembre, la violencia dejó un saldo específico de afectados.
“Entre enero y diciembre de 2025, se registraron 87.438 víctimas por eventos de desplazamiento masivo y confinamiento en la subregión del Catatumbo. Las comunidades indígenas Barí y los consejos comunitarios afrodescendientes representan el 30% de esta población afectada”, detalló el organismo internacional en su reporte oficial.
Frente a la capacidad de respuesta del Estado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017-2025. En el documento, la funcionaria advirtió sobre la insuficiencia de las medidas preventivas en los municipios de Tibú, El Tarra y Teorama. Le podría interesar: Petro afirma que 2025 fue uno de los años menos violentos del siglo
“A pesar de las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas, la respuesta institucional no ha logrado mitigar el riesgo. Persiste la instalación de minas antipersonal y el reclutamiento forzado de menores de edad como táctica de guerra de ambos actores armados”, declaró Marín Ortiz en la presentación del informe ante el Ministerio del Interior.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un análisis sobre la evolución táctica de los grupos armados en la zona. En el documento titulado ‘Seguridad y Frontera’, los investigadores de la FIP describieron el cambio en las modalidades de ataque registradas hasta el día de hoy.
“Se evidencia un tránsito hacia el uso de explosivos improvisados lanzados desde drones, lo que ha elevado el nivel de riesgo para la infraestructura petrolera y las estaciones de policía, afectando colateralmente a la población civil que habita en los cascos urbanos”, señaló el informe de la FIP.