Seis personas señaladas de integrar una presunta red dedicada al tráfico de migrantes fueron enviadas a prisión tras una investigación de la Fiscalía que las vincula con el traslado irregular de al menos 222 personas desde Norte de Santander hacia distintos puntos de Suramérica. Entre los afectados habría 27 menores de edad.
De acuerdo con el expediente judicial, la estructura criminal habría operado durante cerca de año y medio y centró su actividad en la captación de ciudadanos venezolanos en zonas aledañas a la terminal de transportes de Cúcuta, así como en los municipios de Pamplonita y Los Patios. Desde allí, los migrantes eran contactados y convencidos de adquirir supuestos paquetes de viaje que prometían facilitar su desplazamiento hacia países como Ecuador, Perú y Chile.
Las indagaciones establecieron que los integrantes de la red los conducían a agencias de viajes donde les ofrecían traslados en buses de turismo, además de servicios adicionales como hospedaje, alimentación, tarjetas de conexión telefónica, acompañamiento durante el trayecto y documentos que, supuestamente, permitirían evadir controles migratorios. Lea: Escándalo en Migración Colombia: condenan a funcionario por tráfico de migrantes
Sin embargo, la Fiscalía determinó que esos documentos no tenían validez legal y que, en varios casos, eran falsos o estaban vencidos. La investigación también documentó al menos seis episodios en los que los migrantes fueron abandonados en zonas fronterizas con Ecuador, sin que se cumpliera el recorrido prometido.
Así operaba la red de tráfico de migrantes en Norte de Santander
Según las autoridades, los ahora procesados cumplían roles específicos dentro de la organización, relacionados con la captación de personas, la coordinación de los desplazamientos y la logística necesaria para el transporte irregular. Tras un operativo, los seis presuntos integrantes fueron capturados e imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.
Por decisión de un juez, cinco de los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios, mientras que el sexto permanecerá bajo detención domiciliaria. La Fiscalía señaló que el caso permitió identificar un patrón reiterado de aprovechamiento de personas en condición de vulnerabilidad en una de las rutas migratorias más activas del país.