Luego de que la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Carmen de Atrato mediaran con la comunidad, fueron liberados los 18 soldados secuestrados en Chocó.
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El UniversalAsí lo confirmó la Séptima División del Ejército en una publicación en X, antes Twitter: “Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN. La entrega a salvo de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, @DefensoriaCol y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que, pese a la liberación, continuará la investigación para dar con los responsables del secuestro. Le puede interesar: Secuestran a 18 militares en zona rural del Chocó: Ejército exige liberación
“Se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del ELN, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen. Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad”, manifestó.
Así fue el secuestro de los 18 militares en Chocó
El hecho se presentó cuando un grupo de aproximadamente 200 personas rodearon a una unidad de la Décimoquinta Brigada y la trasladaron de manera forzada hacia el resguardo indígena La Puria, con el fin de impedir una operación militar contra el ELN.
En medio de los hechos, el Ejército Nacional de Colombia rechazó lo ocurrido, al considerar que la retención vulnera la libertad y seguridad de los uniformados y obstaculiza operaciones legítimas del Estado.