Este lunes, 22 de diciembre, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que cuestionó la decisión judicial de imponer medida de aseguramiento intramural a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Para el gremio, que agrupa a jueces y magistrados de todo el país, los señalamientos del mandatario afectan la independencia judicial y envían un mensaje institucional inadecuado, al descalificar fallos que no coinciden con su posición. En un pronunciamiento público, Corjusticia respaldó la decisión adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y cuestionó la reacción del Jefe de Estado frente a esa determinación.
Corjusticia calificó como “lamentable” que la máxima autoridad del Ejecutivo utilice su investidura para cuestionar la legitimidad de las decisiones judiciales.
“Resulta lamentable que un alto funcionario del Gobierno, cuya investidura le impone el deber de observar un comportamiento personal y social ejemplarizante, así como respetar el principio de separación de los poderes públicos, descalifique públicamente las decisiones judiciales cuando no respondan a sus intereses políticos”, señaló la corporación.
La razón por la que Corjusticia rechazó el pronunciamiento del presidente Petro
La controversia se desató tras una extensa publicación del presidente Petro en su cuenta de X, donde atribuyó el encarcelamiento de sus exfuncionarios a una persecución política y a una estrategia de la oposición de cara a los próximos comicios.
El mandatario aseguró que la justicia y sus opositores buscan golpear al progresismo mediante imágenes de impacto mediático.
“Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones, ya no hay reglas democráticas para ellos”, escribió Petro, quien argumentó que “ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos”.
En su defensa de Ricardo Bonilla, señalado de presuntamente comprar congresistas para aprobar reformas, Petro utilizó el reciente hundimiento del presupuesto general como un argumento de inocencia que, según él, ha sido ignorado.
“El ministro Ricardo Bonilla, al que acusan de comprar congresistas pedigueños, y no miran como prueba favorable, que los supuestos sobornados hundieron el presupuesto de la nación”, explicó el Presidente, asegurando que esto constituye una “prueba a favor contundente” que la prensa silencia.
El Jefe de Estado elevó el tono de su crítica al denunciar lo que considera una guerra jurídica contra su administración.
“Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día”, afirmó Petro, tras calificar a sus detractores como “sedientos de rejas y sangre”, acusándolos de ser una oligarquía que amasa fortunas en el extranjero mientras “llenaron las cárceles de gente que no debería estar presa”.
Frente a estos señalamientos, Corjusticia recordó al Gobierno que existen canales legítimos para controvertir las decisiones judiciales, los cuales no incluyen el ataque mediático desde la Presidencia.
La entidad enfatizó que en democracia es válido criticar, pero instó a hacerlo a través de los mecanismos previstos por el legislador.
“Respetuosamente, lo instamos a no incurrir en ese tipo de actos que conllevan un inadecuado mensaje institucional”, puntualizó la organización, reiterando la necesidad de blindar el Estado Social de Derecho.
El pronunciamiento del Presidente también incluyó fuertes críticas a sectores económicos y políticos tradicionales, a quienes tildó de “egoístas sociales de m....” que no soportan que se ayude al pueblo trabajador.
Petro vinculó la decisión judicial y la presión política con una supuesta desesperación de la oposición ante las encuestas favorables a su partido.
“No se aguantan otros cuatro años más de progresismo, la codicia no los deja”, sentenció el mandatario, concluyendo que estos sectores “quieren el Estado para sí y hacen leyes para volver más ricos a los ricos”, mientras intentan “encarcelar la inteligencia”.