El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró este lunes la emergencia económica en Colombia, un estado de excepción que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias sin pasar por el Congreso de la República. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por todos los ministros, luego de haber sido anunciada el viernes pasado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Gobierno Petro decreta emergencia económica en Colombia por crisis fiscal
Según el decreto, el país enfrenta “una situación fiscal que adquirió el carácter de grave” debido a la concurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes que afectan de manera extraordinaria las finanzas de la Nación.
La declaratoria habilita al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley en los próximos días, entre ellos la posibilidad de crear nuevos tributos. Esta facultad ha sido cuestionada por sectores de la oposición y por gremios empresariales, que consideran inconstitucional utilizar la emergencia para tramitar por decreto una reforma tributaria que fue negada recientemente por el Congreso.
Ocho motivos sustentan la declaratoria de emergencia económica
El decreto expone ocho causas principales que justifican el estado de excepción y que serán evaluadas por la Corte Constitucional:
- Aumento del gasto en salud, por orden de la Corte Constitucional, que obliga a reconocer el incremento en los recursos girados a las EPS, lo que implicaría un gasto adicional estimado en 3,3 billones de pesos para 2026.
- Refuerzo del gasto en seguridad, ante alteraciones del orden público, con un billón de pesos adicionales para la Unidad Nacional de Protección y 2,7 billones para infraestructura y tecnología de la Fuerza Pública.
- Negativa del Congreso a aprobar reformas tributarias, tanto en 2024 como en 2025, lo que afectó las fuentes de financiación del Presupuesto.
- Impacto de desastres naturales, asociados a la actual ola invernal, incluyendo el sismo ocurrido en Paratebueno, con un costo aproximado de 0,5 billones de pesos.
- Pago de sentencias judiciales pendientes, estimadas en más de 1,5 billones de pesos.
- Obligaciones heredadas de gobiernos anteriores, entre ellas subsidios de energía y gas por 1,5 billones y 1,6 billones en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.
- Limitaciones para aumentar el endeudamiento, junto con efectos derivados de medidas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos.
- Restricciones de liquidez, que afectan la capacidad de caja del Estado.
Corte Constitucional deberá revisar la medida
La declaratoria de emergencia económica deberá ser revisada por la Corte Constitucional para determinar su validez. No obstante, el alto tribunal inició su receso judicial desde el viernes pasado, por lo que el análisis se realizará una vez se reanuden las actividades judiciales.