EL Gobierno Nacional ordenó iniciar esta semana la aspersión terrestre de cultivos ilícitos, mediante el uso de drones cargados con glifosfato, una operación que comenzará focalizada en el departamento del Cauca con la intensión de erradicar la hoja de coca en territorios donde las comunidades son forzadas a cultivarlas por grupos armados ilegales.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tras la aprobación técnica del Comité encargado y el respaldo de una nueva estrategia de seguridad militar anunciada por la cartera del Interior. El jefe de la cartera de Justicia explicó que la medida no constituye un retorno a la fumigación aérea tradicional con avionetas, sino que se trata de una intervención de precisión operada desde tierra.
La Policía ejecutará la maniobra utilizando drones que volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre el dosel de las plantas, lo que permitirá mitigar la deriva del químico por el viento y evitar daños a cultivos lícitos o fuentes de agua cercanas.
“No estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional, lo cual mitiga absolutamente todos los impactos que sí se daban con la dispersión aérea”, puntualizó Idárraga, en conferencia de prensa.
Aspersión con glifosato iniciaría este jueves o viernes
Según los estudios técnicos citados por el funcionario, la capacidad operativa de estos dispositivos permitirá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos, tiempo que incluye los recambios de batería necesarios.
La autorización final de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se tramitó para que las operaciones inicien a más tardar este jueves o viernes. Le podría interesar: Secuestran a 18 militares en zona rural del Chocó: Ejército exige liberación
La reactivación del uso del herbicida se articuló con un cambio en la estrategia de seguridad liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reconoció la existencia de “fallas en la estrategia militar vigente” y una desproporción operativa en el terreno.
“El problema es que muchas veces hay más estructuras criminales que fuerza pública o esta se encuentra dispersa”, admitió Benedetti, al tiempo que anunció la duplicación del pie de fuerza en regiones como el Catatumbo y el Cauca para “pasar a la ofensiva”.
Efectos sociales de la aspersión
El Gobierno identificó deficiencias en los anillos de seguridad y en la inteligencia militar, evidenciadas tras los recientes atentados en Buenos Aires y en la base de Ayuca. Por ello, la aspersión con drones se concentrará exclusivamente en zonas donde se comprobó que los grupos armados ejercen coacción contra el campesinado para obligarlos a cultivar.
Frente a las posibles tensiones sociales que esta medida podría generar en los territorios, el ministro Idárraga aclaró que, bajo la consideración jurídica del Gobierno, este tipo de intervención técnica no requiere el mecanismo de consulta previa con las comunidades, aunque no descartó la posibilidad de asonadas o retenciones de la fuerza pública instrumentadas por los grupos ilegales.
“En nuestra consideración no necesita consulta previa, no es una intervención que requiere este tipo de situaciones”, señaló el Ministro, quien enfatizó que la prioridad es proteger a las comunidades de la presión de los delincuentes.
Finalmente, frente a la declaratoria de emergencia económica derivada de la caída de la reforma tributaria, Idárraga defendió la constitucionalidad del decreto y retó a los sectores de oposición que anunciaron demandas por prevaricato. Lea también: Autoridades decomisan 27 toneladas de cocaína en Colombia en solo dos días
“Que denuncien, porque nosotros creemos que estamos actuando en el marco de sus competencias legales y de ninguna manera vamos a permitir que Colombia se caiga económicamente a pedazos por cuenta de las negativas que hay en el Congreso”, manifestó.