El Tribunal para la Paz de la Jep impuso la condena de 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, luego de que se demostrara su responsabilidad en 35 hechos criminales que dejaron 72 personas asesinadas y algunas desapariciones forzadas, en el norte de Cesar y el sur de la Guajira, entre los años 2002 y 2003.
Este fallo es el resultado del primer Juicio Adversarial Transicional realizado en el país. Este tipo de proceso se activó porque el alto oficial no reconoció su responsabilidad ni aportó verdad temprana, lo que llevó a la magistratura a evaluar durante ocho meses un extenso material probatorio que incluyó 54 testigos, 35 expedientes y casi 300 horas de grabaciones.
La decisión resolvió de manera definitiva la situación jurídica del condenado y unificó los procesos en su contra. Esto significó que las dos condenas previas que pesaban sobre Mejía en la justicia ordinaria, una de 19 años y otra de 34 años, quedaron sin efectos para dar paso a esta sentencia única en el marco del Sistema Integral para la Paz. El coronel deberá cumplir la pena en un centro de reclusión militar y no podrá salir del país sin autorización.
La alianza con el paramilitarismo
La investigación concluyó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de macrocriminalidad diseñado desde el comando del Batallón La Popa en Valledupar. La JEP demostró la existencia de un “Ilegal Aparato Organizado de Poder” que funcionó mediante una alianza macabra con el frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por alias ’39′. Le podría interesar: El dato crucial revelado sobre Zulma Guzmán tras muerte de dos niñas con talio
Esta colaboración delictiva operó bajo tres modalidades específicas para inflar los resultados operacionales. En primer lugar, los paramilitares asesinaban personas o las retenían ilegalmente para entregarlas a los militares, quienes luego presentaban los cuerpos como bajas en combate. También suministraban guías para señalar a las víctimas que serían ejecutadas posteriormente por los uniformados.
Víctimas identificadas por la JEP
Entre las 72 víctimas identificadas se encontraron tres mujeres y 69 hombres, en su mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados en situación de vulnerabilidad económica. El tribunal determinó que, bajo la doctrina del “enemigo interno”, se privilegiaron las muertes como el único indicador de éxito militar, lo que motivó graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil de la Costa Caribe.
Para ocultar estos crímenes, los responsables manipularon documentos operacionales e investigaciones disciplinarias, crearon una percepción artificial de seguridad y engañaron a la justicia durante años. Además, se comprobó que combatientes heridos fueron ejecutados fuera de combate y se simularon enfrentamientos para asesinar a personas que ya se habían rendido.
Como medida de reparación simbólica y garantía de no repetición, la sentencia ordenó al Ministerio de Defensa revocar todas las condecoraciones y felicitaciones que le fueron otorgadas al coronel Mejía por los resultados operacionales vinculados a estos crímenes. La magistratura consideró que esos reconocimientos estuvieron basados en un conteo de cuerpos ficticio y criminal.
Investigaciones a otros altos mandos
Adicionalmente, se dispuso la realización de un acto público de petición de perdón en Valledupar. Este evento deberá contar con la presencia del Ministro de Defensa y la cúpula militar, quienes pedirán perdón en nombre de las Fuerzas Militares a las víctimas y a la sociedad por lo ocurrido en el Batallón La Popa.
El fallo incluyó órdenes directas para aliviar el dolor de las familias que aún no encuentran a sus seres queridos. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas deberá coordinar la exhumación, identificación y entrega digna de los cuerpos de Édgar Beltrán Hurtado, Albeiro Flórez Hernández y otras once personas que permanecen sin identificar. Lea también: Sube a siete el número de soldados muertos en atentado contra batallón militar
Finalmente, la JEP ordenó investigar a otros altos mandos que pudieron tener responsabilidad por acción u omisión. Se compulsaron copias para que la Sala de Reconocimiento evalúe llamar a los generales retirados Juan Pablo Rodríguez Barragán, Gabriel Ramón Díaz Ortiz y Leonel Gómez Estrada, quienes ocuparon cargos de comando en la zona durante la época de los hechos. También se pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a varios jueces penales militares y fiscales que pudieron favorecer la impunidad de estos casos.