La Corte Constitucional de Colombia decidió continuar el trámite de un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las medidas reportadas por esa cartera no garantizan un cumplimiento efectivo de las órdenes relacionadas con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), eje central del financiamiento del sistema de salud.
La determinación fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que supervisa el cumplimiento de las decisiones estructurales en materia de salud, tras evaluar el informe presentado por el Ministerio dentro del plazo otorgado luego de la apertura formal del incidente mediante el Auto 2049 de 2025.
Sigue incidente de desacato contra MinSalud por incumplimientos en la UPC
Aunque el jefe de la cartera de Salud aseguró haber atendido las órdenes impartidas y solicitó el archivo del proceso, la Sala concluyó que la información allegada no demuestra un cumplimiento material, real e inmediato de los mandatos judiciales orientados a garantizar la suficiencia financiera de la UPC y, en consecuencia, la protección del derecho fundamental a la salud.
En su análisis, la Corte reiteró que el Ministerio de Salud debe atender tres obligaciones clave: corregir las deficiencias del sistema de información utilizado para calcular la UPC; asegurar que el valor de esta prima sea suficiente para cubrir los servicios del sistema; y avanzar en la equiparación de la UPC del régimen subsidiado al menos al 95 % de la correspondiente al régimen contributivo, mientras no se pruebe su suficiencia plena.
Ante este escenario, la Sala Especial de Seguimiento decidió abrir la etapa probatoria del incidente de desacato, incorporar los documentos presentados por el Ministerio y convocar una mesa técnica que se realizará en febrero de 2026.
La Corte precisó que esta instancia no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata las órdenes vigentes.
El alto tribunal también rechazó solicitudes adicionales de prueba formuladas por la cartera de Salud, entre ellas la exhibición de libros contables de las EPS y la práctica de una pericia técnica sobre la suficiencia de la UPC, al señalar que esas actuaciones corresponden a funciones propias del Ministerio y de la Superintendencia Nacional de Salud.
Finalmente, la Corte recordó que el incidente de desacato no tiene un propósito sancionatorio en sí mismo, sino correctivo, orientado a asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Sin embargo, advirtió que la persistencia en el incumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2049 de 2025 puede derivar en la imposición de sanciones previstas en la ley.