La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) revisar los movimientos migratorios de Armando Benedetti, Euclides Torres y Sandra Gómez, en el marco de una investigación por presuntos malos manejos en el fondo del magisterio.
La petición ordena a la Dijín requerir a Migración Colombia los registros de salidas internacionales de los tres investigados entre los años 2007 y 2020. Además, se solicitó elaborar un análisis gráfico que permita identificar posibles coincidencias en las fechas y destinos de sus viajes.
La solicitud, realizada en el mes de septiembre, hace parte de la indagación sobre supuestas exigencias de dinero para el desembolso irregular de pagos a profesores, los cuales fueron gestionados a través de sentencias judiciales y tramitados por la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
¿Por qué la Corte pidió revisar movimientos migratorios de los funcionarios?
Con esta revisión se busca confirmar o descartar la existencia de una presunta reunión en España entre Benedetti, Torres y Gómez, quien ejerció como presidenta de la Fiduprevisora entre 2016 y 2018.
Según reportes preliminares, en la Dijín detectaron desplazamientos de los tres investigados hacia Europa durante los meses de junio y julio de 2016.
Ante esta solicitud, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, ha indicado públicamente que la orden de revisar sus movimientos migratorios provino del despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien acusa de llevar a cabo una persecución judicial en su contra.
Para el ministro, la medida es “una persecución más” y un “abuso de autoridad, un acto injusto”. Benedetti puso en duda la pertinencia de la medida migratoria con el caso Fomag, argumentando que en este expediente también lo investiga el magistrado Francisco Farfán.
Ante el alto tribunal, Armando Benedetti afronta investigaciones que abarcan la imposibilidad de explicar de manera suficiente su patrimonio, el cual incluye varias propiedades y la mansión de Puerto Colombia, que se encuentra en la exclusiva zona de Lagos de Caujaral y que alcanzó valores de hasta 15.000 millones de pesos.
Este inmueble, que perteneció al empresario Álex Saab, es ocupado por Benedetti bajo un contrato de leasing habitacional con Scotiabank Colpatria, pagando más de 20 millones de pesos mensuales, a pesar de haber declarado ante la Corte Suprema estar “en la quiebra”.
Otro de los expedientes bajo investigación está relacionado con sus actuaciones como senador, cuando estuvo al frente de un proyecto de ley que terminó beneficiando a una empresa de Euclides Torres en el sector de seguridad.