Al igual que lo realizó la Fiscalía General de la Nación hace pocos días, la Procuraduría solicitó enviar a prisión domiciliaria a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de riesgo (Ungrd).
Para la Procuraduría, debido a las pruebas que hoy existen sobre el caso, no hay otra medida (detención en centro carcelario o libertad) que sea aplicable en contra de los exministros. Y esa debe cumplirse con restricción de visitas y de comunicaciones.
“Sería necesaria en la medida en que ninguna otra parece potencialmente apropiada para evitar posibles interlocuciones, además de proporcional”, indicó la Procuraduría.
El Ministerio Público agregó que ambos exministros no representan un riesgo de fuga, porque se han presentado voluntariamente a la justicia, siendo ese un factor determinante para no ser necesario enviarlos a la cárcel. A esta hora, la defensa presenta su tesis del caso, y pide que sean dejados en libertad. Le podría interesar: Benedetti confirma demanda contra un integrante del Gobierno Nacional
¿De qué se les acusa?
Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía señaló que Bonilla y Velasco habrían hecho parte de un entramado criminal cuyo propósito fue desviar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Instituto Nacional de Vías (Invías) para ofrecerlos a congresistas, con el fin de que impulsarán proyecto del Gobierno en el Legislativo.
Según el ente acusador, los exministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron. Lea también: Caso Ungrd: Fiscalía imputará a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
La Fiscal del caso dijo que Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
La Fiscalía tendría pruebas que demostrarían que Velasco buscó seducir con contratos jugosos a congresistas para impulsar la reforma pensional; mientras que Bonilla habrá ordenado a su exasesora María Alejandra Benavides la asignación de al menos tres contratos que sumaron $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Estos recursos, gestionados a través de la Ungrd, habrían sido moneda de cambio para asegurar votos y apoyo político en el Legislativo.