La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dejó abierta la puerta a una eventual reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá, jefe de una facción de las disidencias de las Farc, en medio de los cuestionamientos por su accionar criminal mientras participa en diálogos con el Gobierno nacional. En entrevista con El Tiempo, la jefa del ente acusador trazó con claridad las líneas rojas que, a su juicio, no pueden cruzarse en nombre de la llamada ‘paz total’.
Camargo fue enfática en señalar que la Fiscalía no puede suspender órdenes de captura de manera automática ni indefinida si no existen gestos verificables de voluntad de paz. “La Corte Constitucional fue clara: no basta con sentarse a una mesa. Hay que evaluar las conductas”, afirmó, al explicar que el comportamiento de algunos grupos armados contradice de forma abierta cualquier narrativa de desescalamiento.
En ese contexto, la fiscal sostuvo que el caso de alias Calarcá se ha convertido en un punto de inflexión. Las revelaciones recientes sobre su estructura y actividades, conocidas públicamente, refuerzan —según Camargo— la idea de que no se trata de una organización comprometida genuinamente con la paz, sino de un grupo que continúa sosteniéndose en economías ilícitas. Lea: Los contratos del funcionario de la DNI mencionado por disidencias de alias Calarcá
La fiscal recordó que la suspensión de órdenes de captura solo se da a solicitud del presidente de la República y bajo condiciones específicas, pero advirtió que, si el Ejecutivo no actúa frente a hechos graves, la Fiscalía puede tomar la iniciativa. “Ya lo hicimos en enero con el Eln, sin consultar al Ejecutivo, porque no había voluntad de paz. Eso puede volver a pasar”, sentenció.
Camargo explicó que, tras los episodios ocurridos desde julio de 2024, la institución definió límites claros: no hay suspensión de capturas en casos de flagrancia por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, secuestro ni en procesos con fines de extradición. Estas restricciones, dijo, buscan evitar que la justicia se convierta en una “puerta giratoria” que legitime la continuidad del crimen organizado.
Para la fiscal, uno de los mayores riesgos actuales es avanzar en diálogos sin un marco jurídico sólido ni evaluaciones serias sobre los actores armados. “Prefiero la paz, como cualquier ciudadano, pero tiene que ser una paz real, con procesos organizados y responsables”, afirmó, al advertir que decisiones improvisadas pueden terminar comprometiendo a la Fiscalía en acuerdos que no puede respaldar legalmente. Lea también: Caso ‘Calarcá: Procuraduría suspende al general Huertas y a Wilmar Mejía del DNI
El proceso contra Nicolás Petro
Frente al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Camargo desmintió versiones sobre supuestos favores o dilaciones. Aclaró que cuando asumió el cargo, el proceso ya se encontraba en etapa de acusación, lo que implica que la dirección del caso quedó en manos del juez y no de la Fiscalía.
La fiscal precisó que existieron acercamientos iniciales para explorar una posible sentencia preacordada, pero que estos fracasaron por falta de consenso. “No hubo principio de oportunidad ni negociación exitosa”, explicó, subrayando que la Fiscalía ya cumplió su rol y que ahora corresponde al juicio oral definir la responsabilidad penal.
Camargo también defendió la designación de una nueva fiscal en el proceso, tras el impedimento del anterior funcionario, y aseguró que se actuó mediante reparto para garantizar imparcialidad. “Es paradójico que se nos acuse de engavetar un caso que ya no estaba bajo nuestra dirección”, sostuvo.
Las investigaciones sobre Ricardo Roa
En cuanto a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la fiscal confirmó que existen dos líneas de investigación activas. La primera se relaciona con el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial y una posible violación de topes electorales, investigación que se encuentra en etapa de indagación en la Dirección contra la Corrupción.
La segunda línea examina la compra de un apartamento y eventuales vínculos con beneficiarios de contratos de Ecopetrol, para establecer si hubo conflictos de interés o tráfico de influencias. Camargo indicó que ambos frentes avanzan de manera independiente, pero coordinada.
Finalmente, la fiscal confirmó que Roa fue citado a interrogatorio y expresó su expectativa de que asista, aunque recordó que el investigado tiene derecho a guardar silencio. “Ningún investigador serio espera resolver un caso solo con lo que diga el indagado”, concluyó, reiterando que la Fiscalía mantendrá su autonomía frente a cualquier presión política.