Por medio del Auto 2049 de 2025, fechado el 10 de diciembre de 2025 y emitido el 12 del mismo mes, la Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento, abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el ajuste considerado insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), uno de los componentes centrales para la financiación del sistema de salud en Colombia.
La Sala de Seguimiento, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis, que actúa como magistrado ponente y presidente de la Sala, evaluó el nivel de cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, considerada un fallo estructural para la garantía del derecho fundamental a la salud.
La decisión incluye la compulsión de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, lo que podría derivar en procesos penales y disciplinarios por los reiterados incumplimientos del Ministerio de Salud.
Por esta razón abren incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo
La Corte concluyó que hay un incumplimiento general en lo relacionado con la suficiencia de la UPC, particularmente en los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo dirigidos al Ministerio de Salud.

De acuerdo con la Corte Constitucional, el fallo advierte que, pese a las órdenes del Alto Tribunal, el Gobierno solo autorizó un aumento del 5,3% en la UPC, cuando el sector salud insiste en que el ajuste debía ser de al menos 15,6% este año. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), esta diferencia ha generado un déficit superior a los 9 billones de pesos.
De cara a 2026, expertos señalan que la UPC debería aumentar 17,33% para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y mejorar el flujo de recursos hacia EPS y hospitales.

