La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el “paro armado” de 22 días anunciado por el Frente Carolina Ramírez, uno de los grupos del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en los departamentos de Caquetá y Putumayo.
El paro, que irá del 9 al 30 de diciembre, implica la imposición de restricciones a la movilidad por carreteras y ríos, el cierre obligatorio de comercios y amenazas contra quienes no acaten las órdenes. Este tipo de acciones suelen estar acompañadas de agresiones, intimidaciones y controles armados sobre la población civil.
“Nada justifica someter a la población civil”
A través de su cuenta de X, la Defensoría advirtió que estas medidas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo y constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, señaló la entidad.
El organismo de control aseguró que activó sus sistemas de alerta temprana para acompañar a las comunidades y monitorear posibles afectaciones, además de exhortar a las autoridades civiles y militares a garantizar la seguridad y la movilidad en las zonas afectadas.
La institución pidió prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas. “La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, concluyó.
Escenario de control armado en Putumayo
El anuncio de la Defensoría coincide con recientes alertas de Human Rights Watch (HRW), que denunció que grupos armados en Putumayo están aprovechando los diálogos de paz con el Gobierno para fortalecer su presencia territorial. Según la ONG, organizaciones como los Comandos de la Frontera, el Frente Raúl Reyes y el propio Frente Carolina Ramírez han cometido abusos contra comunidades indígenas y campesinas.
Putumayo es una zona estratégica para el narcotráfico y es el segundo departamento con mayor producción de coca del país, después de Nariño. En este territorio operan al menos tres estructuras armadas ilegales, dos de ellas actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno.
Los Comandos de la Frontera, vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tienen presencia en la frontera con Ecuador, mientras que el Frente Raúl Reyes opera en el norte del departamento y zonas limítrofes con Caquetá y Cauca.
Por su parte, el Frente Carolina Ramírez —autor del paro armado— estuvo en diálogos con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero hoy no participa en el proceso de paz.