En medio de una política de Paz Total desprestigiada y que agoniza con cada ataque perpetrado por quienes alguna vez se sentaron a dialogar con el Gobierno, solo una negociación parece avanzar:la que los delegados de Gustavo Petro sostienen con el Clan del Golfo;sin embargo, su premura genera resistencia en diferentes sectores pues no expone acciones reales para que la organización deje de delinquir.
Fuertes críticas al acuerdo de Petro con el Clan del Golfo: “pacto criminal”
El espacio sociojurídico entre el Gobierno y el grupo que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) acordó la semana pasada en Doha, Catar –donde se lleva a cabo la negociación–, un marco de entendimiento que incluye tres zonas de ubicación temporal de combatientes de esa estructura delincuencial dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.
Durante la segunda sesión se pactó la ubicación de dichas zonas los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el primero de marzo de 2026, siete días antes de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales.
También anunciaron un mecanismo de monitoreo al proceso y la ampliación del número de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”,según el documento oficial. El listado incluye a Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó).
En ninguna parte del documento se menciona un cese el fuego, una acción bilateral que siempre se tiene en cuenta en estas conversaciones. Por eso, decisiones como estas hacen que se pregunte qué es lo que realmente está negociando el Gobierno con el Clan del Golfo.
En su columna El pacto con el diablo, publicada en el diario El Tiempo, el exministro Luis Felipe Henao califica el acuerdo como “uno de los pactos de desmovilización más absurdos y peligrosos de nuestra historia”, pues, a su juicio, es “un acuerdo sin marco jurídico, sin compromisos reales de cese del fuego, sin una ruta mínima de implementación y sin la capacidad legal de otorgar beneficios a quienes supuestamente se desmovilizarían. En otras palabras: un acuerdo imposible de cumplir, tanto para el Gobierno como para la estructura criminal más violenta del país”.