La violencia en las zonas rurales de Remedios, Antioquia, ha escalado a un nuevo nivel: los grupos criminales están utilizando drones modificados para ataques aéreos. Según una investigación publicada por El Colombiano, estructuras ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC han incorporado estos dispositivos para lanzar granadas y explosivos sobre viviendas y zonas de control.
El caso más reciente, reportado por ese mismo medio, ocurrió en la vereda Cruz Bajitales, donde el estallido de dos granadas lanzadas desde un dron destruyó por completo la vivienda de una madre y sus cinco hijos. Aunque no hubo víctimas mortales, el ataque evidenció la capacidad destructiva de estos dispositivos.
De acuerdo con el reportaje de El Colombiano, los drones utilizados no son equipos básicos: tienen capacidad de transportar hasta 10 kilos, autonomía de vuelo cercana a los 40 minutos y sistemas de navegación avanzados que permiten ataques por sorpresa o vigilancia aérea de territorios en disputa.
Acceso sin restricciones y modificaciones fáciles
El mismo artículo señala que estos drones, pese a su sofisticación, son fáciles de adquirir. En plataformas de comercio electrónico pueden comprarse por valores que oscilan entre 800 y 2.500 dólares, sin controles estrictos o requisitos especiales. Los grupos criminales también estarían comprando accesorios adicionales, mecanismos de liberación, soportes, cámaras nocturnas, disponibles en internet a bajo costo.
En declaraciones recogidas por El Colombiano, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que estas características convierten a los drones en “armas de bolsillo” ideales para operaciones ilícitas y ataques relámpago.
Un vacío legal que dificulta la respuesta
El problema se agrava debido a la falta de regulación clara sobre el uso de drones en el país. Según articulo publicado por El Colombiano, no existen lineamientos específicos que limiten la compra o modificación de estos equipos, lo que dificulta la judicialización de quienes los emplean para actividades criminales.
El Gobierno anunció recientemente que adquirirá equipos antidrones e inhibidores de señal para la Fuerza Pública, pero expertos consultados por el medio advierten que las medidas aún son insuficientes frente a la velocidad con la que los grupos armados se adaptan a nuevas tecnologías.