La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves acusar formalmente al exsenador Arturo Char Chaljub, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados, al encontrar méritos suficientes que lo vinculan con una supuesta red de compra de votos que operó en el departamento del Atlántico durante la contienda electoral legislativa de 2018.
El alto tribunal, reunido en sesión ordinaria, determinó que existen elementos probatorios para que el excongresista de Cambio Radical enfrente un juicio penal ante la Sala de Primera Instancia. La providencia señaló que los hechos investigados corresponden a irregularidades detectadas desde octubre de 2017, cuando se habría fraguado un acuerdo delictivo para garantizar resultados electorales específicos.
Esta determinación, comunicada en las últimas horas, no está en firme y sobre ella procede el recurso de reposición por parte de la defensa del acusado.
La investigación ubicó a Arturo Char dentro del escándalo conocido como la “Casa Blanca”, sede de campaña de la excongresista condenada Aida Merlano Rebolledo.
Según el expediente, el expresidente del Senado participó supuestamente en la conformación de una empresa criminal destinada a la compra masiva de votos en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. Le podría interesar: Mindefensa presentó ante la Procuraduría el contrato de los aviones Gripen
La hipótesis de la Corte Suprema
El objetivo de esta alianza, según explicó la Corte en etapas procesales anteriores, fue asegurar la elección de Aida Merlano al Senado, de Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes y la propia reelección de Char Chaljub en el Congreso.
Para lograrlo, se habrían desviado recursos y organizado una estructura que le pagaba a líderes barriales y votantes a cambio de votos a favor de los candidatos mencionados.
Arturo Char, uno de políticos más influyentes de la costa Caribe, renunció a su curul en el Senado en febrero de 2023 con la intención de que su caso pasara a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Corte Suprema mantuvo la competencia al considerar que los delitos imputados guardaban relación directa con su función legislativa y su rol político en aquel momento.
Durante el desarrollo de la investigación, la Sala de Instrucción ordenó en su momento una medida de aseguramiento intramural contra Char, quien estuvo recluido temporalmente en la cárcel La Picota y posteriormente en una guarnición militar en Santa Marta, antes de recobrar su libertad por vencimiento de términos a principios de 2024. Sin embargo, la libertad provisional no implicó el cierre del proceso, que ahora avanza a la etapa de juzgamiento.
La defensa del exsenador ha sostenido reiteradamente la inocencia de su cliente, argumentando que no existen pruebas directas que lo incriminen en la entrega de dineros o en la logística de la ‘Casa Blanca’. Lea también:
El equipo legal de Char cuestionó en diversas oportunidades la credibilidad de los testimonios de Aida Merlano, principal testigo de cargo, calificándolos de incoherentes. Ahora, con el llamado a juicio, ambas partes deberán presentar sus argumentos y evidencias definitivas ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia.