La Contraloría General de la República advirtió un panorama fiscal complejo tras revisar las cuentas nacionales y señalar que las proyecciones para 2026 dependen de ingresos que aún no están asegurados.
El presupuesto aprobado para ese año se apoya en una reforma tributaria que no ha sido aprobada por el Congreso, lo que genera un escenario de incertidumbre sobre la disponibilidad real de recursos.
De acuerdo con el organismo de control, el Gobierno proyectó un gasto de 546,9 billones de pesos frente a unos ingresos estimados de 530,7 billones. La diferencia —un faltante de 16,3 billones— se cubriría con la futura reforma, cuyo contenido y alcance todavía no están definidos. La entidad advirtió que esta situación introduce riesgos fiscales, pues el país estaría comprometiendo recursos sin garantía de que llegarán. Lea: Aprueban Presupuesto General de la Nación: voces a favor y en contra
Además, la Contraloría llamó la atención sobre una contradicción en las proyecciones oficiales. Mientras el Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento económico del 3 % en 2026, también estima que el recaudo tributario caiga un 1,8 %. Para el organismo, esta combinación resulta incoherente y pidió explicaciones, al señalar que si la economía avanza, lo esperable es que los ingresos por impuestos aumenten en la misma dirección.
Retrasos en el recaudo y bajo ritmo de ejecución del gasto
La revisión también dejó al descubierto el rezago del recaudo en 2025. Con corte a octubre, se cumplió apenas el 95,8 % de la meta, lo que representa un faltante de 9,8 billones de pesos. Aunque faltan ingresos por reportar en los últimos meses del año, el déficit preocupa por su impacto en la planeación del siguiente periodo fiscal.
A esto se suma la baja ejecución del gasto público. Según la Contraloría, a octubre solo se había comprometido el 67,2 % del presupuesto vigente. La situación es más crítica en la inversión pública —el rubro que financia obras y proyectos— donde la ejecución se ubicó en 46,6 % a dos meses de terminar el año.
Si esta tendencia se mantiene, podrían repetirse las pérdidas de apropiación registradas en 2024, lo que impediría que los recursos se traduzcan en bienes y servicios para la ciudadanía.
Déficit elevado y presiones sobre la deuda pública
Otro punto de alerta es la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025, que permitirá un déficit del 7,1 % del PIB. Aunque el Gobierno argumentó falta de alternativas, la Contraloría señaló que no se observa un plan claro para retornar a una senda de ajuste.
Aunque se prevé que el déficit baje a 6,2 % en 2026, el déficit primario aumentaría, lo que también inquieta al Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
En materia de deuda, el informe proyecta que en 2025 la deuda neta llegará al 61,3 % del PIB, por encima del ancla fiscal. El Gobierno espera que el indicador suba hasta 64 % en 2027 y luego empiece a descender, pero el organismo advirtió que las altas tasas de interés y el comportamiento del crecimiento económico podrían obstaculizar este objetivo.
Para la Contraloría, el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine mayor eficiencia en el gasto, proyecciones realistas de ingresos y medidas que impulsen el crecimiento económico, evitando incrementos del gasto de funcionamiento sin un plan claro de ajuste.