Con un respaldo mayoritario de 92 votos a favor, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley presentado por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, en agosto de 2024, mediante el cual se adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de las Naciones Unidas de 1989 y que ahora pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
Ley contra mercenarios pasa a sanción presidencial
Con esta decisión legislativa, el país reafirmó su postura en contra del mercenarismo, una práctica que las autoridades definieron como una forma contemporánea de explotación humana, puesto que el fenómeno se nutre principalmente de la vulnerabilidad económica de las personas, así como de la desinformación y la falta de protección jurídica, situaciones que afectan mayoritariamente a hombres que se encuentran en condiciones de riesgo y necesidad.
El Estado reconoció durante el trámite que el uso de mercenarios no solo representa un peligro directo para la vida de quienes resultan reclutados, a través de mentiras o falsas promesas, sino que también tiene un impacto negativo mayor al socavar la paz internacional y prolongar conflictos armados en otras naciones ajenas a la realidad colombiana.
Para la administración del presidente, Gustavo Petro, la ratificación de este instrumento internacional se convirtió en una prioridad legislativa. La nueva normativa permitirá tipificar delitos asociados específicamente al mercenarismo, lo que significa que estas conductas quedarán claramente definidas y castigadas dentro del ordenamiento jurídico nacional.
El Gobierno señaló que esta medida busca frenar lo que denominaron la “guerra por encargo” y la comercialización de la violencia. De esta manera, Colombia se sumó al grupo de Estados que promueven un orden internacional fundamentado en el cumplimiento de las normas, los principios éticos y la protección irrestricta de la vida por encima de intereses económicos en conflictos bélicos.
La aprobación de la ley también facilitará el fortalecimiento de la cooperación judicial entre los diferentes Estados firmantes del tratado. Esto implica que habrá mejores herramientas para investigar y juzgar a quienes participen, financien o entrenen a personas para actividades mercenarias, cerrando el cerco a la impunidad en este tipo de delitos transnacionales.
Al ratificar la Convención, Colombia consolidó su posición como una nación defensora de la dignidad humana y respetuosa del derecho internacional.
La iniciativa concluyó su paso por el Congreso como un mensaje de vocación de paz y reafirmó el liderazgo del país en la promoción de los derechos fundamentales y la solución pacífica de las controversias a nivel global.