La justicia colombiana abrió este lunes un nuevo capítulo en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En una audiencia adelantada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), quienes son investigados por su presunta participación en un entramado para direccionar contratos dentro de la entidad.
Cómo avanza la audiencia
De acuerdo con El Tiempo, la audiencia inició con modalidad mixta: Bonilla asistió de manera presencial, mientras que Velasco lo hizo virtualmente. La diligencia es dirigida por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, y la imputación está a cargo de la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, quien expone la acusación sobre una estructura que habría pactado apoyos políticos a cambio de contratos.
Durante la presentación del caso, la Fiscalía señaló que ambos exministros habrían participado en un presunto “pacto criminal” que buscaba direccionar la contratación a favor de aliados políticos, utilizando recursos de emergencia administrados por la UNGRD.
La investigación: uno de los escándalos más graves del año
La imputación de Bonilla y Velasco se suma a la macro investigación que ya tiene a varios exdirectores de la UNGRD enfrentando procesos penales. Según El Tiempo, este caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos en el Estado colombiano durante 2024 y 2025, debido a la magnitud de los contratos investigados y el nivel de los funcionarios implicados.
La Fiscalía sostiene que existió una estructura de direccionamiento de contratos que comprometió recursos destinados a emergencias y proyectos de riesgo, impactando la gestión de la entidad en varias regiones del país.
Solicitud de medida de aseguramiento
La Fiscalía anticipó, según informó El Tiempo, que solicitará una medida de aseguramiento, posiblemente de carácter privativo de la libertad, para ambos exministros, argumentando riesgos procesales mientras avanza la investigación de fondo.
Esta decisión será evaluada por la magistrada Rosero, quien determinará si los procesados deben continuar el proceso en libertad o bajo detención.
Un proceso clave para el país
El avance de esta imputación marca un punto crítico en el esclarecimiento del caso UNGRD. Para analistas jurídicos, el que dos exministros deban responder ante la justicia evidencia la dimensión del escándalo y podría sentar un precedente para futuras actuaciones en materia de corrupción en entidades de gestión del riesgo.
Según el artículo publicado por El Tiempo, los exfuncionarios deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación que salpicó a altos funcionarios y contratistas del Estado.