El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, enfrentará un juicio formal luego de que un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicara un escrito de acusación en su contra.
El documento lo señala por presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, todos relacionados con la amplia investigación por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según los investigadores, entre septiembre y octubre de 2023, González Merchán habría impartido instrucciones al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para entregar sobornos a los expresidentes del Congreso Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle. La Fiscalía detalló que los pagos ilegales se habrían gestionado con recursos derivados de contratos de la entidad. Lea: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, se declaró inocente por caso Ungrd
En uno de los episodios descritos por el ente acusador, se atribuyó al exdirector del Dapre haber ordenado la entrega de $3.000 millones destinados al senador Name, procedimiento que se habría realizado a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova.
De forma paralela, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla, habría trasladado a Montería $1.000 millones para entregar al representante Calle. Estos montos provenían de la contratación para adquirir 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable a comunidades de la Alta Guajira.
Acusación avanza mientras González sigue prófugo
La situación legal del exfuncionario se agravó desde el 22 de septiembre, cuando la Fiscalía confirmó que fue aprobada y publicada una notificación roja de Interpol para su búsqueda internacional. Para las autoridades, González continúa prófugo de la justicia colombiana.
El caso tuvo un giro relevante el 4 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en su contra y rechazó la apelación de su defensa, que calificaba las acusaciones como “calumnias sin fundamento”.
Asilo en Nicaragua complica su captura
La orden de captura enfrenta un obstáculo diplomático. El 20 de agosto, el Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a González, asegurando que era un perseguido político. La decisión desató tensiones con Colombia, que a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia registró una protesta formal.
La canciller, Rosa Villavicencio, recordó que el asilo “no debe favorecer la impunidad” y señaló la existencia de un tratado de extradición entre ambos países vigente desde 1929.