Tras conocerse el revelador informe de Noticias Caracol sobre los presuntos nexos de un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Calarcá’, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según detalló el Ministerio Público, el propósito de la indagación es aclarar si ambos participaron en planes para crear empresas de seguridad privada y compartir información confidencial sobre operativos militares, sin que esta decisión implique aún un señalamiento de responsabilidad.
En el documento expedido por la Sala Disciplinaria de Instrucción, la Procuraduría ordenó iniciar la indagación y vinculó al general Huertas y a Mejía por los hechos revelados en el reportaje periodístico titulado “Los archivos secretos de Calarcá”, divulgado por Noticias Caracol.
Esto pidió la Procuraduría para investigar este nuevo escándalo
El ente disciplinario decretó varias pruebas para esclarecer los hechos. Entre ellas, ofició a la Dirección de Personal del Ejército para obtener la hoja de vida del general Huertas, sus funciones actuales y datos de contacto.
También solicitó a la DNI certificar si Mejía está vinculado a esa entidad y, en caso afirmativo, detallar el tiempo de servicio, cargos, funciones, hoja de vida y contacto actualizado.
Asimismo, pidió al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Ejército informar si esa cartera ordenó investigaciones administrativas internas relacionadas con las denuncias sobre la presunta creación de empresas de seguridad privada vinculadas a las disidencias.
La Procuraduría también requirió a la Fiscalía General de la Nación indicar si existen actuaciones en curso sobre estos hechos y si tiene bajo custodia la información incautada en el retén del 23 de julio de 2024, donde fue interceptada una caravana que transportaba a jefes de las disidencias. Si la respuesta es afirmativa, la entidad buscará realizar una inspección disciplinaria a esas investigaciones y obtener copia de los archivos recogidos.
El papel de los implicados en los presuntos nexos con las disidencias
Los documentos mencionaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos del grupo ilegal, indicando que su vínculo con el Presidente permitiría que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control.
También señalaron que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por el entonces comandante Enrique Zapateiro, pero reintegrado posteriormente durante el gobierno del presidente, Gustavo Petro, donde fue ubicado en un cargo clave en el manejo del personal y de los traslados internos de la institución.
Además del general, los archivos mencionaron a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Testimonios bajo anonimato indicaron que, gracias a su cercanía con disidentes, grupos del Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar habrían accedido a información privilegiada que les permitió esquivar operativos de la Fuerza Pública.
Según fuentes citadas en la investigación periodística, Mejía también participó en reuniones con delegados disidentes en Colombia y Venezuela y habría intervenido en contactos para avanzar en la creación de la empresa de seguridad que permitiría legalizar armas y uniformes del grupo armado.
Mejía negó todas las acusaciones y afirmó que se trataba de un montaje.
Según la información revelada, la fiscal general Luz Adriana Camargo conocía del contenido de los dispositivos desde hace más de un año, pero no existen procesos penales abiertos contra los funcionarios mencionados.
Consultados por el medio de comunicación, ni los implicados ni la Casa de Nariño entregaron respuestas concretas sobre los señalamientos. Las fuentes dentro de las disidencias reiteraron que las comunicaciones y vínculos descritos eran reales.