Este martes, 18 de noviembre, durante la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento, en la que participaron la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República alertó sobre la escasez de dinero destinado a pagar los subsidios de los recibos de luz y gas de los estratos más bajos para el próximo año.
La entidad presentó cifras preocupantes sobre el sector eléctrico y advirtió que los recursos asignados actualmente no alcanzan para cubrir la totalidad de la demanda lo cual pone en peligro la estabilidad financiera de las empresas que prestan estos servicios públicos esenciales y genera una fuerte presión sobre las finanzas del Estado.
Así mismo, la Contraloría evidenció que el dinero que se apartó inicialmente para los subsidios de energía eléctrica en 2025 es de 3,16 billones de pesos. Sin embargo, los cálculos técnicos indicaron que se necesitan realmente 6,6 billones de pesos para cubrir estas necesidades, lo que significa que la cifra actual apenas alcanza para cubrir el 47% de lo que se requiere.
Esta situación de déficit estructural genera incertidumbre sobre cómo se sostendrá el sistema, ya que el retraso en los giros de estos dineros afecta directamente la caja de las empresas prestadoras del servicio. Hasta el momento, los pagos realizados a estas compañías alcanzaron los 2,58 billones de pesos, lo que equivale a una ejecución del 82% de lo que había disponible.
Ante este panorama, el ente de control señaló que desde el Ministerio de Minas y Energía se podrían agilizar pagos por 580.000 millones de pesos utilizando recursos que ya están disponibles en su presupuesto actual.
Crisis en subsidios de gas y energía: Contraloría pide mayor planeación y control del presupuesto
El panorama para el servicio de gas combustible también presentó alertas rojas según el informe presentado en la mesa técnica. El proyecto nacional destinado a los subsidios de gas mostró una ejecución del 100%, lo que indicó un agotamiento total de los recursos que estaban disponibles para la vigencia de 2025. Debido a esto, la Contraloría explicó que existe la necesidad urgente de apropiar recursos adicionales por el orden de 750.000 millones de pesos para poder cubrir lo que resta del año y garantizar la continuidad del alivio económico para los usuarios.
En cuanto al gas licuado de Petróleo (GLP), conocido popularmente como gas en pipeta, los programas de subsidio e infraestructura mostraron una ejecución del 71%. No obstante, la iniciativa que busca sustituir la leña por este tipo de gas, un punto clave para la transición energética justa que promueve el Gobierno, solo alcanzó una ejecución del 17%. Para mitigar estos retrasos, el organismo fiscalizador indicó que el Ministerio de Energía debería agilizar pagos pendientes por 45.500 millones de pesos con dineros que ya existen en su presupuesto.
Otro de los temas críticos abordados fue la denominada opción tarifaria del Covid-19, una medida que se tomó durante la pandemia para no subir los recibos de la luz en ese momento, pero que generó una deuda acumulada que hoy asciende a 4,5 billones de pesos. De esa gran deuda, 2,6 billones de pesos corresponden a los consumos de los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Aunque se propuso en su momento que esta deuda fuera reconocida como deuda de la Nación para aliviar a los usuarios y a las empresas, la Contraloría advirtió que esta medida no quedó incluida en los proyectos de la Ley de Financiamiento ni en el presupuesto programado para el año 2026.
Para hacer frente a esta situación y evitar que los recursos se pierdan o se retrasen injustificadamente, la Contraloría General anunció que avanza en el desarrollo de un modelo analítico de datos en tiempo real. Esta herramienta, coordinada con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), permitirá monitorear mes a mes el flujo de los pagos, verificar las apropiaciones presupuestales y revisar los saldos pendientes, con el fin de fortalecer el control preventivo y la transparencia en el manejo de estos dineros públicos.
Asimismo, la entidad reiteró su preocupación institucional por la situación de la empresa Air-e S.A.S., que opera en la Costa Caribe y se encuentra actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, asegurando que continuará haciendo seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar que no se interrumpa el servicio en el norte del país.
Finalmente, aunque la Contraloría celebró que la inversión proyectada para 2026 tendrá un incremento del 37,1%, destinando 4 billones de pesos a subsidios, advirtió que esa cifra sigue siendo insuficiente frente a los requerimientos reales que exige el sector energético colombiano. Por esta razón, la entidad consideró necesario garantizar una planeación presupuestal suficiente y oportuna que asegure que cada peso invertido se traduzca en bienestar social y confianza en las instituciones.