Tras el escándalo que se generó en medio del caso de Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno Petro, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional que entregue de manera urgente los resultados de la investigación administrativa preliminar que abrió contra la Fundación de Educación Superior San José.
Según el Ministerio Público, con esta iniciativa se busca verificar la legalidad en el otorgamiento de sus títulos académicos y determinar si existen fallas que pongan en riesgo la confianza pública en el sistema educativo tras los recientes cuestionamientos sobre la validez de los diplomas expedidos por esa institución que estallaron por el caso de Juliana Guerrero.
La Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió al Ministerio que suministre toda la información recolectada hasta el momento sobre la estructura interna de la universidad. El ente de control requirió datos específicos relacionados con los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales. También solicitó detalles sobre cualquier persona que ejerció funciones de administración o control dentro de la institución educativa durante los periodos cuestionados. Lea: Universidad San José anuló título obtenido por la polémica Juliana Guerrero
El Ministerio Público requirió a la cartera de Educación que informe cuáles son las medidas preventivas o correctivas que consideró necesarias para frenar cualquier irregularidad. El objetivo central de esta petición consistió en garantizar que el proceso de graduación y entrega de títulos se ajuste a la ley y en restablecer la credibilidad en la normalidad institucional de la Fundación San José.
La entidad otorgó un plazo de tres días para recibir esta respuesta y sostuvo que su actuación busca proteger la transparencia del servicio público de educación superior sin interferir en la autonomía universitaria, pero asegurando que esta se mantenga dentro de los límites de la Constitución. Lea también: Juliana Guerrero denunció a Jennifer Pedraza, pero no asistió a la conciliación
Entrega de títulos en el ojo del huracán
Esta intervención de los entes de control ocurrió en medio de una fuerte controversia política y judicial que involucra a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y a su exasesora Juliana Guerrero. El conflicto escaló el pasado 14 de noviembre, cuando fracasó una audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia debido a que Guerrero no asistió a la diligencia.
La exasesora denunció inicialmente a Pedraza por los delitos de calumnia y delitos informáticos, alegando que la congresista dañó su reputación al cuestionar la autenticidad de sus estudios justo cuando su nombre sonaba para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, el panorama cambió cuando salieron a la luz pruebas que complicaron la versión de la demandante. Le puede interesar: Caso Juliana Guerrero: tuvo crédito de $11 millones con Icetex; sigue la polémica
Pedraza señaló a la salida de la Corte que la ausencia de su contraparte podría deberse a la contundencia de las nuevas revelaciones. “No se realizó una diligencia de conciliación porque Juliana Guerrero lamentablemente no asistió”, afirmó la congresista, quien especuló que cuando Guerrero puso la denuncia “no se sabía todo lo que la opinión pública conoce” actualmente sobre la inexistencia de registros académicos.