La audiencia de conciliación programada para este viernes en la Corte Suprema de Justicia entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y su denunciante, la exasesora Juliana Guerrero, fracasó luego de que Guerrero no asistiera a la diligencia judicial en la Sala de Instrucción del alto tribunal.
A la salida de la fallida diligencia, Pedraza señaló que la inasistencia de la demandante podría estar relacionada con la nueva información que se conoció públicamente después de que ella interpuso la denuncia. “No se realizó una diligencia de conciliación porque Juliana Guerrero lamentablemente no asistió”, afirmó la congresista. Lea: Caso Juliana Guerrero: tuvo crédito de $11 millones con Icetex; sigue la polémica
Especuló que esto puede deberse al hecho de que cuando Guerrero la denunció “no se sabía todo lo que la opinión pública conoce”, como el hecho de que no está reportada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) o que la misma universidad “ha reportado que ella no vio ninguna clase”.
La representante Pedraza aprovechó para enviarle un mensaje directo a Guerrero, asegurando que no se trata de “un asunto personal” y que la lucha es “contra la corrupción de manera sistemática”. Describió a Guerrero como uno de “los eslabones más débiles de esta cadena”.
Por esta razón, la congresista hizo un llamado a la exasesora. “Yo la invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró Pedraza.
Insistió en que la investigación busca ir más allá de la exasesora. “Sabemos que aquí hay personas muy poderosas y es hacia ellas hacia donde nosotros queremos dirigir estas investigaciones”, concluyó la representante, sugiriendo que hay “poderes mucho más grandes que ella” moviéndose con intereses particulares. Le puede interesar: Caso Juliana Guerrero: dudas sobre la validez de títulos colombianos en el exterior
La denuncia de Guerrero contra Pedraza
El encuentro judicial en la Corte Suprema se programó después de que Guerrero denunciara a la congresista Pedraza por los presuntos delitos de calumnia y delitos informáticos. Guerrero alegó que los señalamientos de la representante sobre la autenticidad de sus títulos académicos afectaron su reputación, justo cuando era postulada para el cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
Tras la denuncia, Pedraza respondió con otra acción legal ante la Fiscalía, no solo contra Guerrero sino también contra varios directivos de la Fundación Universitaria San José. La congresista los acusó de presunto fraude procesal y falsedad en documento público.
La controversia escaló cuando la propia Fundación Universitaria San José anuló los títulos de tecnólogo y Contaduría Pública de Guerrero. Según Pedraza, la institución educativa “no cuenta con registros de notas, de asistencia, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas”.
La representante también afirmó en su momento que Guerrero “nunca pisó un salón de clases” para cursar dichos estudios. Pedraza calificó la estrategia legal de Guerrero como contraproducente: “Creo que Juliana Guerrero vino por lana y salió trasquilada”.
Al debate sobre los títulos se sumaron revelaciones sobre la trayectoria contractual de Guerrero, de 22 años. Investigaciones periodísticas de la revista Semana indicaron que la joven firmó contratos de prestación de servicios con entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Los documentos señalan que Guerrero fue contratada para labores de “asesoría, seguimiento y revisión”, pese a la presunta falta de experiencia y de los títulos que ahora están en entredicho.
La investigación periodística también recordó que Guerrero interpuso años atrás una acción de tutela para solicitar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignara un esquema de seguridad, alegando riesgos por su actividad como líder política y estudiantil en el Cesar. Fuentes consultadas por el diario El Colombiano sugirieron que la polémica también se enmarca en una pugna política por el control de la Universidad Popular del Cesar.
Además, se conoció que la joven admitió que recién presentó las Pruebas Saber Pro el pasado 8 de noviembre, un requisito obligatorio para la obtención de cualquier título profesional en el país. En declaraciones recientes a medios, Guerrero manifestó que actualmente no tiene “ningún interés en acceder a cargos del Estado” y que toda su atención está centrada en “aclarar su situación académica” ante las autoridades.