El presidente Gustavo Petro responsabilizó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el ataque contra un helicóptero de la Policía en zona rural de Amalfi, donde murieron 13 uniformados y tres más resultaron heridos.

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El UniversalEl hecho ocurrió el 21 de agosto, cuando un UH-60 Black Hawk fue derribado por un dron con explosivos mientras realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “El ataque en Amalfi es el desespero de un gobernador (...) afán que fue utilizado por la mafia, por los ejércitos del narcotráfico que minan con bombas la zona de posible aterrizaje y esperan. Finalmente, por falta de planificación, cuando se tenían ya datos de minado en la policía”. Lea: Gustavo Petro cataloga como una una “trampa mortal” ataque en Amalfi, Antioquia
La zona donde ocurrió el atentado hace parte del nordeste antioqueño, un corredor donde convergen distintas estructuras armadas y en el que la Policía adelantaba operaciones de erradicación al momento de la explosión.
Perfil de alias Chejo en el nordeste antioqueño
Fuentes militares consultadas por Colprensa atribuyen el ataque a Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, cabecilla de las disidencias en esa región. Según esa información, el hombre de 37 años ha fortalecido su presencia en municipios como Anorí, Campamento y Angostura, donde opera una estructura armada con control territorial.
Alias Chejo participó en el último ciclo de negociaciones de esa guerrilla con el Gobierno, dentro de los diálogos que se desarrollan desde 2023 bajo el paraguas del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
También había recuperado su libertad en el marco del proyecto de Paz Total. No obstante, fue detenido en 2024 cuando se movilizaba en una caravana de doce camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección, aunque posteriormente quedó libre.
De acuerdo con las fuentes consultadas, sus recientes actuaciones no serían hechos aislados, sino una postura abierta en contra de los compromisos de diálogo que esa estructura mantiene con el Ejecutivo.
