El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a aplazar una decisión definitiva sobre el expediente que analiza si la campaña presidencial de Gustavo Petro superó los topes electorales durante las jornadas de 2022.
La sala plena no alcanzó los seis votos necesarios para sancionar a los investigados y, en cambio, concluyó con una votación de cinco a dos, acompañada por salvamentos de los magistrados Fabiola Márquez y Christian Quiroz.
Ese resultado obliga a convocar a conjueces, una figura prevista cuando la corporación no logra mayorías calificadas. Para este caso fueron designados Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, quienes deberán estudiar el proceso, evaluar la ponencia y participar en una nueva votación que definirá el rumbo del expediente. Lea: Campaña de Gustavo Petro superó topes de financiación en más de $3.500 millones: CNE
La investigación se abrió a partir de una revisión detallada de los reportes financieros de la coalición Pacto Histórico, especialmente de los comités encargados de manejar los recursos durante la consulta interpartidista, la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial.
En octubre de 2024, el CNE formuló cargos por presuntas irregularidades en el manejo económico de la campaña. El análisis técnico encontró omisiones por más de 5.300 millones de pesos, superación de topes legales y aportes provenientes de organizaciones no autorizadas.
Entre ellos sobresalió la financiación de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO), cuyos recursos habrían sido canalizados a través de los partidos de la coalición sin suficiente trazabilidad.
Investigación por presunta financiación irregular seguirá en estudio
El expediente involucra a Petro como candidato; al entonces gerente, Ricardo Roa; a la tesorera, Lucy Mogollón; a los auditores contables María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; además de los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Entre las evidencias recopiladas figuran transferencias bancarias, contratos de publicidad no declarados, facturas de transporte aéreo y pagos a testigos que no aparecían registrados en los reportes oficiales.
El proceso ha sido catalogado como excepcional en el ámbito electoral, pues desde 2010 un presidente electo no enfrentaba una acción formal de esta naturaleza.
En ese año, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el CNE abrió una indagación por presunta superación de topes, aunque sin incluir al candidato como sujeto directo, sino a su gerente Roberto Prieto, en hechos que luego se relacionaron con el caso Odebrecht.