La Fiscalía General de la Nación llamó oficialmente a juicio este jueves a Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo del crimen como alias “Papá Pitufo”, para que responda como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
El ente acusador señaló ante un juez especializado que el procesado estructuró y lideró una compleja red criminal diseñada exclusivamente para corromper a servidores públicos y garantizar la entrada ilegal de mercancías al territorio nacional.
Fiscalía acusa a ‘Papá Pitufo’ de liderar red de sobornos en puertos
La delegada fiscal expuso durante la diligencia que Marín Buitrago encabezó esta organización entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Durante este periodo, el acusado logró cooptar a funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El objetivo central de estas alianzas ilegales consistió en que los uniformados omitieran sus funciones de vigilancia y permitieran el tránsito libre de cargamentos de contrabando, principalmente cigarrillos, licores, textiles y calzado, a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.
La investigación reveló con detalles minuciosos cómo funcionaba el sistema de pagos ilegales que instauró la organización. La Fiscalía estableció que en tan solo un año, alias “Papá Pitufo” entregó un total de 1.019 millones de pesos en sobornos. El dinero llegaba a manos de los funcionarios públicos encargados de controlar las aduanas, quienes recibían sueldos mensuales de la estructura criminal como si fueran empleados de la misma.
Según el escrito de acusación, la red criminal estableció tarifas fijas para garantizar la lealtad de los agentes. Los patrulleros recibían una mensualidad irregular que oscilaba los tres millones y medio de pesos, mientras que para los oficiales de mayor rango la cifra ascendía a los cinco millones de pesos.
Además del dinero en efectivo, la organización entregaba beneficios adicionales como el pago de arriendos, vehículos y celulares de alta gama, los cuales utilizaban para mantener comunicaciones clandestinas y seguras con los contrabandistas.
El modus operandi descrito por la Fiscalía mostró una vocación de permanencia en el tiempo. El ente investigador explicó que Marín Buitrago no se detenía ante los cambios de personal en la Policía Fiscal y Aduanera. Cuando la institución realizaba traslados o nombraba nuevos jefes de división en los puertos, el procesado se encargaba personalmente, o a través de intermediarios, de contactar a los nuevos funcionarios para ofrecerles fuertes sumas de dinero y vincularlos inmediatamente a su nómina de sobornos.
Aparición virtual desde el exilio
Un hecho particular marcó la jornada judicial ante el juzgado quinto especializado de Bogotá. A pesar de que Diego Marín Buitrago se encuentra en Portugal y fue declarado anteriormente en contumacia, una figura jurídica que se aplica a quien se niega a comparecer ante la justicia, el acusado se conectó de manera virtual a la audiencia. Esta presencia sorprendió a los asistentes, dado que el proceso había avanzado bajo la premisa de su rebeldía y su negativa expresa de someterse a las leyes colombianas tras su fuga.
La situación legal de Marín Buitrago es compleja. Aunque el gobierno de Portugal autorizó su extradición a Colombia, la entrega no se materializó todavía debido a que el procesado solicitó asilo en el país europeo. Mientras las autoridades portuguesas resuelven dicha petición, la justicia colombiana continuó con la recopilación de pruebas que permitieron llegar a esta instancia de juicio formal.
Durante la intervención de la defensa, el abogado John Villamil expresó su inconformidad con el escrito presentado por la Fiscalía. El litigante argumentó que la acusación carece de precisión en varios de los hechos jurídicamente relevantes. Según su postura, el ente investigador planteó una imputación genérica que no especifica con claridad la participación directa de su cliente en algunos de los 17 eventos delictivos mencionados, lo cual, a su juicio, vulnera el derecho a la defensa técnica y dificulta la preparación de una estrategia legal sólida.
El juez del caso coincidió parcialmente con la observación de la defensa y solicitó a la Fiscalía realizar las aclaraciones pertinentes sobre los hechos expuestos. Con esta acusación formal, se destraba el proceso penal contra el denominado zar del contrabando, quien deberá enfrentar desde la distancia un juicio donde se expondrán las pruebas de cómo, presuntamente, permeó la institucionalidad aduanera para mantener a flote su imperio ilegal.