El Gobierno del presidente Gustavo Petro reactivó el debate sobre una nueva reforma tributaria —presentada como ley de financiamiento— con la que busca recaudar 16,3 billones de pesos para el próximo año.
La cifra es inferior en 10 billones al proyecto inicialmente planteado, pero mantiene varias de las apuestas fiscales que han generado discusiones en el Congreso por su alcance y sus posibles efectos económicos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, socializó los ajustes más recientes con congresistas, aunque reconoció la escasa asistencia de senadores a la reunión, un hecho que, según él, refleja el difícil ambiente político que enfrenta la iniciativa. Lea: Empresas de licores rechazan impuestos que propone la nueva reforma tributaria
Impuestos a licores, tabaco y ajustes en bienes de alto valor
La mayor expectativa de recaudo proviene del aumento de tributos a los licores, cigarrillos y dispositivos de vapeo. Para este conjunto de productos se proyectan 4,1 billones de pesos en 2025, por debajo de los 7,8 billones previstos meses atrás.
El Gobierno desistió de incluir el IVA a la cerveza, ante advertencias sobre el impacto que tendría en los hogares de menores ingresos. Aun así, sectores del Congreso señalan que podría incrementarse el consumo del impuesto que ya existe sobre esta bebida.
El segundo gran componente implica medidas de fiscalización y control de la Dian, con las que el Ejecutivo estima ingresos por 3,7 billones de pesos. En tercer lugar está la modificación del impuesto al patrimonio: el proyecto plantea bajar el umbral de pago de 72.000 UVT (cerca de 3.600 millones de pesos) a 40.000 UVT (unos 2.000 millones), además de elevar la tarifa hasta el 5 por ciento. Con ello, alrededor de 100.000 contribuyentes quedarían incluidos.
IVA a juegos de azar y otros tributos que siguen en la propuesta
Otra de las medidas que se mantiene, pese a que el propio ministro había sugerido revisarla semanas atrás, es el IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar. Para el Gobierno, este impuesto podría aportar 1,6 billones de pesos el próximo año.
En contraste, el Ejecutivo retiró del proyecto el IVA a la gasolina y la propuesta de gravar con el mismo porcentaje las boletas culturales y deportivas cuyo valor supere los 500.000 pesos.
El articulado también conserva el aumento de la tarifa de ganancias ocasionales provenientes de rifas y apuestas del 20 al 30 por ciento, y un incremento similar en la tasa para los dividendos que se envían al exterior. Para el sector financiero, se mantendría la sobretasa de 15 puntos que eleva la tarifa total al 50 por ciento.
Además, el Gobierno propone equiparar la sobretasa del carbón con la del petróleo —alcanzando 15 puntos adicionales cuando el precio supere el percentil 65 histórico, a partir de 2027— y crear un impuesto del 1 por ciento a la primera venta o exportación de ambos sectores, ya vigente mediante decreto de conmoción interior.
En materia de renta personal, el proyecto incorpora ajustes a la progresividad desde 2027 y plantea una tarifa marginal máxima de 41 por ciento para quienes perciban ingresos superiores a 31.000 UVT (alrededor de 1.543 millones de pesos).
Otros puntos: carbono, iglesias y plataformas de envíos
El texto también propone aumentar la tarifa del impuesto al carbono de 27.399 a 42.069 pesos por tonelada de CO₂ equivalente, con un tratamiento especial para el carbón hasta 2029.
Además, contempla gravar ingresos de iglesias que provengan de actividades comerciales no relacionadas con el culto y aplicar tributos a envíos de menos de 100 dólares realizados por plataformas como Shein o Temu.
¿Existe un plan B legislativo?
Mientras avanza la discusión, toma fuerza en el Congreso otro proyecto, liderado por la representante Olga Lucía Velásquez, que busca estimular la economía mediante alivios tributarios y facilidades de pago.
La iniciativa incluye descuentos en sanciones e intereses para deudores de la Dian, beneficios para quienes tienen multas de tránsito —incluida la posibilidad de pagar solo el 50 por ciento del valor si realizan un curso pedagógico—, así como tarifas reducidas para mipymes, estímulos al turismo en municipios pequeños y créditos para mejoras de vivienda.
“Las empresas están esperando este tipo de beneficios para ponerse al día. Ello podría reactivar la economía”, aseguró la congresista al explicar el alcance de su propuesta. Entre las medidas más relevantes figura la reducción del impuesto de renta de las empresas del 35 al 30 por ciento y la implementación gradual del impuesto al consumo que empezó a regir este año.