Un juez de la república envió a la cárcel a nueve militares que eran investigados por acusaciones de “tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años”, en el mes de octubre, en las instalaciones del batallón del municipio de Frontino en el departamento de Antioquia.
Gracias a las investigaciones de la Fiscalía, se precisó en un comunicado que “la víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal” y fue “desnudado, golpeado, colgado a un árbol y amarrado”.
La Fiscalía imputó a estos nueve militares por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos con conductas agravadas, que fueron realizadas durante cinco horas hasta que finalmente la víctima murió en un baño y luego arrojaron el cuerpo al río Cerro, ubicado en la misma región. Tras ser imputados, los uniformados no aceptaron los cargos.
La autoridades encontraron el cuerpo de la víctima tres semanas después y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde el dictamen medicinal concluyó que “los actos de tortura fueron la causa de la muerte”. Le podría interesar: Informe revela que grupos armados en Colombia ya superan los 25.000 integrantes
El presidente Gustavo Petro, denunció la semana pasada la muerte del civil y explicó que decidió hacer público el informe interno del Ejército sobre lo ocurrido “para garantizar la transparencia” en los casos en los que miembros de la fuerza pública incurran en violaciones de derechos humanos.
Los imputados son el teniente Leider Ortiz, el sargento Andrés Olivio, el cabo segundo Cristian David Córdoba, y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Fernando, Jhon Edwin y Neider Oyola.