Tras realizar un riguroso seguimiento a la contratación y al gasto estatal durante el periodo electoral de 2026, la Contraloría General de la República detectó un incremento superior a los $7 billones de pesos en la contratación registrada a través de la plataforma SECOP, realizados meses antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Desde septiembre la Contraloría ha estado aplicando un seguimiento, permitiendo la caracterización de la dinámica de la contratación pública. Este monitoreo previo “ha identificado picos significativos en la modalidad de contratos y convenios interadministrativos durante los meses de septiembre y octubre”, detalló.
De acuerdo con esta revisión mensual realizado sobre convenios y contratos interadministrativos, se observó un incremento significativo en el valor de la contratación registrada en SECOP durante los dos meses previos a la fecha de prohibición. Le podría interesar: Escasez de combustibles: Contraloría lanza fuerte advertencia
¿Qué encontró la Contraloría General de la República?
Septiembre y octubre registran los montos más altos del periodo analizado, con valores que alcanzan los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente, indicó el órgano de control, que explicó que el seguimiento se realiza mediante un Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo.
Dicha herramienta se implementó a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de forma técnica, continua y sistemática, resaltó la Contraloría.
Para la vigilancia, el modelo está integrado por bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lea también: “Más de 5 millones de colombianos no cuentan con agua potable”: Contraloría
La entidad empezó a monitorear desde el pasado 8 de noviembre que no se utilice la contratación a través de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, con la capacidad de alertar tempranamente ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos.
Además, se realizará seguimiento a incrementos inusuales en contratos de servicios y transferencias excepcionales de recursos a entidades locales, y a la detección de “contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política”. El control sobre la contratación directa iniciará a partir del 31 de enero de 2026.
La Contraloría señaló que el objetivo es “prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales”.