Ser víctima de un fraude bancario ya no implicará asumir deudas que nunca se solicitaron. La Corte Constitucional ordenó suspender los cobros a las personas afectadas por suplantación de identidad, una decisión que cambia el panorama para miles de colombianos que enfrentaban procesos de cobro por créditos o productos abiertos de forma fraudulenta.
Esta medida surge tras avalar la Ley Estatutaria 190 de 2022 (Cámara) y 303 de 2023 (Senado), aprobada por el Congreso y pendiente de revisión final. Con ello, las entidades financieras no podrán exigir pagos ni reportar a centrales de riesgo a quienes prueben haber sido víctimas de suplantación. Lee también: Certicámara: protección digital ante más de 36 mil millones de ataques financieros.
Cómo funcionará la suspensión de cobros por suplantación de identidad
La norma busca proteger a quienes han visto comprometida su identidad por delitos digitales. Una vez el ciudadano denuncie el fraude, el banco deberá activar un protocolo especial que incluye suspender de inmediato los cobros y revisar los documentos relacionados con el crédito o producto obtenido ilícitamente.
El afectado deberá presentar pruebas sumarias que demuestren la suplantación y colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. Tras la entrega de estos documentos, el banco estará obligado a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.
Además, la persona podrá solicitar copia de la documentación usada para aprobar el producto financiero a su nombre, con el fin de verificar el fraude.
Una decisión que protege los derechos de los colombianos victimas de suplantación
La Corte Constitucional resaltó que esta medida garantiza derechos esenciales como la honra, el buen nombre y la protección de los datos personales. El magistrado Juan Carlos Cortés destacó que la normativa cumple con los fines constitucionales y representa una herramienta proporcional frente al incremento de los delitos de suplantación en el país.
Con esta decisión, Colombia refuerza la defensa de los usuarios del sistema financiero, ofreciendo un marco legal que evita la revictimización y asegura que las personas no carguen con las consecuencias económicas de un delito cometido en su contra. Lee también: Comprobantes falsos en Nequi: cómo identificarlos y evitar caer en fraudes digitales.