Este martes, 4 de noviembre, durante la instalación del foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, la Contraloría General de la República advirtió que más de 5 millones de personas en Colombia no cuentan con agua potable, cerca de 12,5 millones no tienen alcantarillado sanitario y 8,6 millones siguen sin servicio de recolección de basuras.
En el evento, la entidad alertó que la desigualdad territorial, la baja calidad del agua y el recorte presupuestal para 2026, amenazan con profundizar la brecha entre lo urbano y lo rural.
“No es posible garantizar el derecho a la vida, a la salud o a una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico, cuando existen diferencias entre lo urbano y lo rural. Esas falencias se convierten en factores discriminatorios contra quienes habitan los territorios más apartados”, expresó la Contraloría.
Según el ente de control, aún existen más de 190 municipios en los que el servicio de acueducto se presta menos de 12 horas al día.
Colombia enfrenta un retroceso en materia de agua potable y saneamiento básico, según la Contraloría
Según cifras presentadas durante el foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, entre 1993 y 2024 los avances en cobertura urbana han sido mínimos: apenas un 3,2 % en acueducto, 11,8 % en alcantarillado y 16,1 % en recolección de basuras.
La brecha entre el campo y la ciudad sigue siendo amplia. En 2024, la diferencia en acceso fue del 36% en acueducto, 78,4% en alcantarillado y 67,5% en aseo. Mientras tanto, regiones como la Amazonía solo alcanzan una cobertura del 46,8% en acueducto, frente al 93,6 % de la Región Andina.
Uno de los principales puntos de alerta es la reducción presupuestal proyectada para 2026. El Presupuesto General de la Nación contempla una disminución del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que pasarían de 1,5 billones de pesos en 2025 a 0,7 billones el próximo año, es decir, una reducción cercana a 800 mil millones de pesos.
A esto se suma la baja ejecución de los recursos disponibles. Hasta el 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23 % de su presupuesto de inversión total y el 22 % correspondiente a los programas de agua, saneamiento y “basura cero”.
La Contraloría advirtió que si esta tendencia continúa, se pondrá en riesgo la capacidad institucional para garantizar la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos, lo que afectaría los avances logrados y ampliaría las desigualdades regionales.
El organismo de control también llamó la atención sobre la deficiente operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De las 684 evaluadas, únicamente el 39 % funciona de manera efectiva, mientras que el resto presenta fallas estructurales o está fuera de servicio, provocando el vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares.
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la Contraloría realizó 40 auditorías al Sistema General de Participaciones (SGP), en las que se identificaron 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones. También se efectuaron 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua (PDA), con 231 hallazgos que suman $197.053 millones. En cuanto a los recursos provenientes de regalías, se detectaron hallazgos por $170.664 millones en proyectos por $1,1 billones.
En total, la entidad estimó posibles daños al patrimonio público por más de $443.232 millones.