La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una presunta omisión en sus funciones que habría generado un detrimento superior a los $44 mil millones al Estado, dentro de un proceso relacionado con la empresa Petrobras.
Según el Ministerio Público, los implicados son Andrés Fernando Pardo, quien se desempeñó como director operativo de grandes contribuyentes entre 2021 y 2024; Christian Junot Quiñónez Cortés, exsubdirector operativo de fiscalización y liquidación (2023-2024); y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, quien ocupó el mismo cargo en 2024. Los tres eran los responsables de gestionar y remitir a la Subdirección de Recursos Jurídicos un recurso interpuesto por la petrolera.
La Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública detalló que los hechos investigados se remontan a diciembre de 2022, cuando la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la DIAN expidió una liquidación oficial de revisión a Petrobras. Lea: Trámites para declarar la renta de un fallecido ante la DIAN en Colombia
En esa resolución se modificó la declaración de renta y complementarios de la compañía correspondiente al año 2018, ordenando el pago de más de $47 mil millones por diferencias detectadas entre lo reportado y lo calculado por la autoridad tributaria.
Recurso de Petrobras ante la DIAN nunca fue tramitado
De acuerdo con la investigación, el 15 de febrero de 2023 Petrobras presentó un recurso de reconsideración frente a la decisión, con el propósito de que la DIAN revaluara el cobro. No obstante, el documento nunca habría sido enviado al área competente para su revisión.
La Procuraduría explicó que esta falta de trámite derivó en que transcurriera un año sin respuesta de la entidad, lo que activó la figura del “silencio administrativo positivo”. Esta disposición establece que, cuando una entidad pública no responde a una solicitud o recurso dentro del plazo legal, la decisión se entiende favorable a quien interpuso la petición.
Como consecuencia, el Estado perdió la posibilidad de cobrar la millonaria suma reclamada a la empresa, lo que, según el órgano de control, representó una grave afectación al patrimonio público.
Exfuncionarios deberán responder ante el ente de control
Con la apertura formal del proceso disciplinario, la Procuraduría busca determinar cómo se produjo la omisión y si los tres exfuncionarios incurrieron en una falta al deber de sus cargos. El ente de control también deberá establecer si actuaron bajo alguna causal que los exima de responsabilidad o si existió negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
La entidad subrayó que el objetivo de la investigación es “verificar en detalle cómo ocurrieron los hechos, determinar si la conducta de los exfuncionarios constituye una falta disciplinaria y establecer si actuaron amparados bajo alguna causal que los exima de responsabilidad en este millonario perjuicio para la nación”.
El proceso disciplinario continuará en etapa de instrucción mientras la Procuraduría recopila pruebas y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias que llevaron a la pérdida de los recursos.