La Corte Constitucional suspendió este martes el análisis de fondo de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional, luego de que se considerara pertinente tramitar una recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal. Antes de pronunciarse sobre la legalidad de la ley, el alto tribunal deberá resolver si el togado puede continuar participando en el proceso.
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El UniversalDurante la sesión de la Sala Plena, que tenía previsto debatir la ponencia sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, la discusión se centró exclusivamente en las solicitudes de recusación contra Carvajal. En consecuencia, la Corte abrió un trámite incidental que será resuelto en las próximas semanas, aplazando nuevamente la decisión sobre una de las iniciativas más relevantes para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Lea: Corte Constitucional se alista para decidir el futuro de la reforma pensional
La controversia surgió por dos recusaciones que piden apartar al magistrado Carvajal del estudio del expediente. La primera fue interpuesta por el concejal bogotano Daniel Briceño, y la segunda, por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien además es la demandante de la reforma.
Ambos coinciden en que Carvajal no tendría la imparcialidad necesaria para intervenir en el caso, pues antes de asumir su cargo en la Corte suscribió contratos de prestación de servicios con Colpensiones durante 2024 y 2025. De acuerdo con los documentos aportados por Valencia, el magistrado “elaboró conceptos jurídicos relacionados directamente con la reforma pensional” cuando se desempeñaba como contratista.
Según un informe de supervisión del contrato 070 de 2024, firmado por el jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, Carvajal habría elaborado conceptos sobre cómo responder a la demanda de inconstitucionalidad que ahora debe estudiar. Además, el contrato 005 de 2025 también contempló un análisis de constitucionalidad sobre un artículo de la misma ley. Para la senadora, esto configura la causal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, lo que comprometería su objetividad.
Un proceso judicial lleno de tropiezos
La revisión de la reforma pensional comenzó en agosto de 2024, tras la demanda presentada por la senadora Valencia, quien alegó vicios en el trámite legislativo. Desde entonces, el caso ha enfrentado múltiples obstáculos. En junio de 2025, la Corte detectó un error en la Cámara de Representantes, donde se aprobó el texto del Senado sin discutir los artículos uno a uno. Ante esa irregularidad, el alto tribunal ordenó devolver la ley al Congreso para corregir el procedimiento.
El Ejecutivo respondió convocando a sesiones extraordinarias, pero el proceso generó nuevas controversias. El magistrado ponente, José Fernando Ibáñez, pidió reiteradamente las actas de las sesiones a la Cámara, que a su vez solicitó prórrogas argumentando dificultades administrativas. Este cruce de comunicaciones tensó el ambiente antes del debate previsto para esta semana.
A ello se sumó el impedimento presentado por el magistrado Carlos Camargo, quien argumentó que la senadora Valencia participó en su elección. No obstante, la Sala Plena declaró infundado su impedimento el pasado 1 de octubre, habilitándolo para votar cuando se retome la discusión.
Tres posibles desenlaces para la reforma pensional
El análisis de la Corte se limita a verificar si la Ley 2381 de 2024 cumplió con los procedimientos constitucionales exigidos, sin pronunciarse sobre la conveniencia del modelo pensional. Una vez se resuelva la situación del magistrado Carvajal, el tribunal deberá escoger entre tres rutas posibles.
La primera sería declarar la norma exequible, lo que permitiría su implementación inmediata. La segunda, determinar su inexequibilidad total por un vicio insubsanable, lo que anularía la reforma y mantendría vigente el sistema actual. Como tercera alternativa, la Corte podría optar por una decisión parcial o diferida, eliminando algunos artículos o dando un nuevo plazo al Congreso para corregir los errores detectados.
Mientras el alto tribunal define el futuro de la reforma, las centrales obreras anunciaron que mantendrán el plantón convocado frente al Palacio de Justicia para acompañar la jornada en la que finalmente se adopte una decisión.