El trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 avanza en el Congreso con una particularidad que ha generado comentarios entre sectores políticos y ciudadanos. De los once senadores que debían firmar la ponencia para el segundo debate en la plenaria del Senado, únicamente tres lo hicieron: John Jairo Roldán, Claudia Pérez y Aída Avella.
El documento, que fija un monto de $546,9 billones para la próxima vigencia fiscal, debía contar con la firma de cinco coordinadores y seis ponentes pertenecientes a la Comisión Cuarta del Senado. Sin embargo, en la ponencia presentada oficialmente solo aparecen los nombres de Roldán y Pérez, del Partido Liberal, y de Avella, del Pacto Histórico. Lea: Gobierno y Congreso acuerdan presupuesto de $546,9 billones para 2026
La falta de firmas fue interpretada como una señal de las tensiones políticas que rodean el debate presupuestal, especialmente por la relación directa del proyecto con la nueva reforma tributaria 3.0, una iniciativa del Gobierno que busca recaudar $26,3 billones para cubrir parte del déficit fiscal.
El documento será sometido a discusión en la plenaria del Senado este miércoles 15 de octubre, en medio de las dudas sobre si el Ejecutivo reducirá sus pretensiones fiscales o, en su defecto, realizará ajustes en otros sectores para equilibrar las cuentas.
Reforma tributaria y su impacto en la aprobación del presupuesto
El presupuesto de 2026 fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas el pasado 24 de septiembre, después de que se acordara una reducción de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno, que ascendía a $556,9 billones. Esta decisión buscó evitar un escenario similar al de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro terminó aprobando el presupuesto por decreto.
No obstante, la aprobación definitiva del PGN está condicionada a la aprobación de la reforma tributaria, de la cual dependen los ingresos adicionales para financiar el gasto público. El proyecto, presentado al Congreso el 1 de septiembre, ha sido calificado como una de las propuestas de gravamen más altas de los últimos años.
“El monto del PGN corresponde al 28,9% del PIB. De este total del proyecto original, $26,3 billones son contingentes: dependen de una ley de financiamiento que fue presentada a consideración del Honorable Congreso de la República el 1 de septiembre (283 de 2025 Cámara y 262 de 2025 Senado)”, se detalla en el texto entregado a los presidentes de las comisiones, Enrique Cabrales y Jairo Castellanos.
Distribución del gasto y fuentes de financiación
Del total del gasto público proyectado, el 19% del PIB está destinado a funcionamiento, el 5,3% al pago de la deuda y el 4,6% a inversión. En cuanto a las fuentes de financiación, el documento precisa que 16,5% del PIB proviene de ingresos corrientes, 9,5% de recursos de capital y 1,5% de contribuciones parafiscales y fondos especiales. “Dentro de los primeros, 15,6% del PIB corresponde a ingresos tributarios y 0,1% del PIB”, se lee en el texto.
Entre los puntos más sensibles de la reforma tributaria, vinculada al presupuesto, destacan el incremento de impuestos al consumo, que incluye mayores gravámenes a bebidas alcohólicas, juegos de azar y eventos de entretenimiento. También se contempla el aumento gradual del IVA a la gasolina y el diésel, así como una mayor carga tributaria para los sectores financiero y minero.
Adicionalmente, el Gobierno propone nuevas reglas para los activos digitales, ajustes para las personas naturales de altos ingresos, la eliminación de beneficios tributarios y la ampliación del IVA en el sector turismo. Estas medidas buscan, según el Ejecutivo, garantizar la financiación del presupuesto aprobado y contribuir a la reducción del déficit fiscal.