La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció este martes que estudia la factibilidad de la orden impartida por el presidente Gustavo Petro para enviar oro incautado a organizaciones del narcotráfico con destino a la reconstrucción de Gaza.
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El UniversalEn un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda señaló que “adelanta el análisis técnico y normativo necesario para establecer los mecanismos que permitan, dentro del marco legal vigente, dar cumplimiento a la orientación presidencial”. La declaración surge luego de que Petro publicara en su cuenta de X la instrucción de destinar esos recursos a la atención de niños heridos en la Franja. Lea: Imágenes del renacer de Gaza: calles abiertas y limpieza
“De inmediato la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, escribió el mandatario en la red social, donde también reiteró su intención de llevar ante las Naciones Unidas una propuesta para “construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza”.
Petro insiste en apoyo internacional a Palestina
La propuesta se enmarca en la postura que el presidente colombiano ha mantenido frente a la ofensiva israelí en Gaza. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en septiembre, Petro llamó a “unir ejércitos y armas” para “liberar a Palestina”, planteando la creación de un “ejército de la salvación del mundo”.
El jefe de Estado ha sostenido una línea de confrontación diplomática con Israel desde octubre de 2023, cuando condenó los ataques de Hamás y la respuesta militar israelí. En mayo de 2024 rompió relaciones diplomáticas con ese país y, meses después, ordenó suspender las ventas de carbón hacia territorio israelí.
A comienzos de octubre, Petro ordenó además la salida de la delegación diplomática israelí de Bogotá y manifestó su intención de denunciar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
La SAE, por su parte, indicó que cualquier eventual envío del oro deberá cumplir con los procedimientos legales nacionales e internacionales vigentes, por lo que el análisis de viabilidad jurídica será determinante antes de ejecutar la directriz presidencial.