Hace poco minutos se reveló que el Tribunal Superior de Bogotá, ya tiene definida una decisión en torno a si confirmaría o anularía la condena de 12 años en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Mediante un comunicado, el Tribunal expresó que una sala de tres magistrados ya resolvió la apelación presentada por la Procuraduría y la defensa del ex mandatario Uribe, la cual se está revisando para que en los próximos días se comunique la fecha en la que se leerá dicha decisión.
Esta determinación resolvería de forma definitiva si Álvaro Uribe Vélez no fue el arquitecto de una operación para engañar a la justicia colombiana, a través de terceros que tenían la misión de conseguir que ex paramilitares declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, a cambio de beneficios jurídicos o procesales.
Así lo argumentaron los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana en la apelación, quienes explicaron que la juez que condenó a Uribe tuvo tintes políticos. Le podría interesar: Álvaro Uribe fue operado en Medellín y arremetió contra el sistema de salud
“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma –y oportunidad- para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia”, resaltó la apelación.
Por otro lado, y como se esperaba, la defensa del expresidente volvió a insistir en la valoración de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. Grabaciones que han sido objeto de múltiples decisiones judiciales, entre ellos la condena en su contra pero que, según la defensa, deberían excluirse por violar el secreto profesional. Lea también: Investigan a los hermanos Uribe Vélez por denuncias vinculadas con homicidios
El abogado Granados sostuvo que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que, según la defensa, se escucharon conversaciones sin orden judicial válida.
Los antecedentes del caso contra el expresidente
El caso de Uribe se remonta a 2012, cuando siendo senador denunció a Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a ex jefes paramilitares para que declararán en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y por el contrario abrió una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Cadena, quien en los próximos días podría correr la misma suerte del expresidente.