La violencia volvió a golpear a las comunidades del Bajo Calima, en Buenaventura. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han convertido la zona rural en un campo de batalla, dejando a cientos de familias confinadas, sin alimentos y con miedo de salir de sus casas.
Las autoridades confirmaron la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que muestra a hombres armados disparando en plena vía pública del sector La Colonia. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, refleja el nivel de control que mantienen los grupos armados sobre el territorio.
Los choques enfrentan al frente de guerra occidental del ELN con la columna “Wilson González”, perteneciente al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Las ráfagas de fusil y las explosiones son parte de la rutina para los habitantes, que llevan meses atrapados entre dos fuegos. Lea: Gustavo Petro plantea retomar negociaciones de paz con el ELN
El personero municipal, Jefferson Potes, aseguró que la situación se ha vuelto insostenible. “Los combates en la zona rural del distrito son casi diarios y han provocado una crisis humanitaria sostenida”, afirmó. Según la Personería y la Defensoría del Pueblo, más de 500 familias —unas 1.419 personas— del Consejo Comunitario de La Colonia siguen confinadas, sin poder moverse ni acceder a alimentos o servicios básicos.
“Estas comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad. Falta presencia efectiva de la fuerza pública”, advirtió Potes.
Violencia sin tregua y temor entre los pobladores
La Defensoría del Pueblo reportó al menos 15 combates en el último mes, lo que ha profundizado el miedo en la zona. Entre los mayores riesgos están el reclutamiento forzado de menores y la violencia contra la población civil. Las denuncias incluyen desapariciones, asesinatos selectivos, violencia sexual, ataques con drones y ocupación de viviendas abandonadas.
Septiembre fue uno de los meses más difíciles. Hubo incursiones armadas en escuelas, patrullajes ilegales y hasta el lanzamiento de una granada cerca del Sena, que dejó a dos mujeres gravemente heridas. Los pobladores viven entre la zozobra y la incertidumbre, mientras esperan ayuda que no llega.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, hizo un llamado desesperado a la paz. “Elevamos una voz al cielo para que mueva los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz. Que Dios nos bendiga y que las autoridades cumplan su compromiso de proteger a la comunidad”, expresó.
Aunque la Fuerza Naval del Pacífico asegura mantener presencia en el territorio, los habitantes insisten en que los grupos armados continúan moviéndose con libertad. En el casco urbano, las bandas Shottas y Espartanos siguen activas, pese a un acuerdo de cese al fuego. Las extorsiones y robos se mantienen, y el miedo domina las calles.
Aumentan los secuestros y abusos contra menores
En medio del conflicto, la violencia contra los niños y adolescentes también preocupa. Organizaciones sociales denuncian un aumento de secuestros y abusos cometidos por bandas criminales que operan en barrios con poca presencia institucional.
“Que a una niña bajo presión y sin su consentimiento la encierran en cualquier sitio y la tienen allá 435 días. Abusándola sexualmente varios hombres, ni siquiera es uno, son varios hombres porque la vieron bonita”, relató una concejal local.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja junto a la Policía de Infancia y Adolescencia para proteger a los menores, pero reconoce que la situación los supera. La última alerta se dio el 19 de septiembre, cuando una joven de 16 años fue atacada por una banda al salir del colegio.
La comunidad exige acciones urgentes. Sienten que los han dejado solos, atrapados entre la violencia y el olvido. “Queremos vivir en paz, no sobrevivir al miedo”, dicen los habitantes, mientras esperan que esta vez, las promesas de protección no se queden solo en el papel.