La Corte Constitucional dio vía libre al “Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe”, firmado en Buenos Aires el 13 de julio de 2019, al declarar su conformidad con la Constitución junto con la Ley 2363 de 2024, que autoriza su aplicación en Colombia.
La decisión, adoptada por unanimidad en la sentencia C-382/25, representa un avance en la integración educativa de la región y facilitará que profesionales y egresados colombianos puedan continuar sus estudios o ejercer su profesión en otros países firmantes sin enfrentar extensos trámites administrativos. Lea: Los 12 colegios públicos de Cartagena que tendrán clases universitarias
El acuerdo internacional busca asegurar la igualdad de trato y la movilidad académica entre los Estados miembros, promoviendo que los títulos universitarios sean reconocidos bajo principios de reciprocidad y cooperación.
Revisión constitucional y trámite legislativo
En su estudio, la Corte desarrolló un análisis en dos etapas. En la primera, examinó el procedimiento que surtió el proyecto de ley en el Congreso de la República, verificando que se cumplieran todos los requisitos exigidos por la Constitución.
El tribunal confirmó que se realizaron los cuatro debates reglamentarios con el quórum y las mayorías necesarias, que los textos y ponencias fueron publicados oportunamente y que se cumplieron los anuncios previos a cada discusión y votación.
La corporación también constató que el proceso legislativo respetó los plazos entre votaciones, se desarrolló dentro de las dos legislaturas permitidas y cumplió con los principios de consecutividad e identidad flexible. Además, la Corte señaló que la representación del Estado en la firma del tratado fue válida y que, por la naturaleza del convenio, no era necesario realizar estudios de impacto fiscal ni consultas previas con comunidades étnicas.
Alineación con los fines del Estado y los derechos fundamentales
En la segunda parte del examen, la Corte analizó el contenido del acuerdo y su ley aprobatoria, concluyendo que ambos son compatibles con la Constitución Política. El alto tribunal resaltó que el instrumento internacional está en sintonía con los objetivos del Estado de promover la prosperidad general y garantizar los derechos fundamentales.
De manera particular, la sentencia indica que el convenio “fomenta la integración de Colombia con otras naciones, especialmente con las de América Latina y el Caribe”, además de fortalecer derechos como la educación, la libertad de enseñanza y la posibilidad de escoger profesión y oficio, en un marco de no discriminación.
También se subrayó que el tratado fue firmado bajo criterios de equidad, igualdad y reciprocidad, preservando en todo momento la autonomía y soberanía del país. Una vez se complete el proceso diplomático, sus disposiciones tendrán carácter obligatorio para Colombia.
Próximos pasos: reglamentación e implementación
Tras el aval constitucional, el Gobierno Nacional deberá avanzar en la ratificación del convenio a nivel internacional para formalizar su entrada en vigor. Luego, el Ministerio de Educación será el encargado de definir los mecanismos operativos para aplicar el reconocimiento de títulos.
Esto implicará diseñar rutas claras y procedimientos ágiles que permitan a los profesionales colombianos validar sus estudios en los países suscriptores, y a su vez, que los ciudadanos extranjeros puedan hacerlo en Colombia.
Se prevé que en los próximos meses se definan los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que estudiantes y egresados comiencen a beneficiarse directamente de esta medida que marca un nuevo capítulo en la movilidad académica regional.