Se abre un nuevo capítulo en la investigación contra la campaña “Petro Presidente”. En las últimas horas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presuntas irregularidades en el registro de los gastos de las campañas de 2022.
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El UniversalLa determinación del alto tribunal busca que se profundice en la contabilidad y los reportes financieros presentados por Roa, en su calidad de gerente de la campaña “Petro Presidente”, y por Jaramillo, quien se desempeñó como gerente de la campaña de la coalición Pacto Histórico al Senado de la República, en el mismo periodo electoral.
La orden de la Corte Suprema se conoce después de que el ente acusador, el pasado 29 de septiembre, archivara una indagación que adelantaba contra el ministro Jaramillo por una presunta financiación ilegal relacionada con el transporte aéreo de candidatos.
En ese expediente, originado por una denuncia del congresista Hernán Cadavid, se investigaba si la campaña al Congreso del Pacto Histórico recibió aportes ilegales al utilizar los servicios de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), de la que fue socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias “Caco”, un presunto narcotraficante.
Sin embargo, tras analizar documentos y testimonios, la Fiscalía determinó que no existía un vínculo que comprometiera penalmente a Jaramillo. Según la decisión del ente acusador, SADI SAS y la campaña celebraron un contrato de fletamento de aeronave que fue reportado a las autoridades electorales.
“La Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. indicó que se celebró un contrato de fletamento de aeronave con la Coalición Pacto Histórico, en el que se concedió un crédito por los servicios prestados, sujeto al reembolso de gastos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral”, señaló la Fiscalía en el documento de archivo.
El ente investigador también concluyó que, si bien Restrepo Osorio tuvo un vínculo laboral y familiar con la empresa aérea, este terminó en julio de 2021 y “nunca fue designado ni autorizado para pilotear las aeronaves destinadas al cumplimiento del contrato de fletamento suscrito en 2022”. Además, se verificó que el avión usado en actividades ilícitas por las que Restrepo fue investigado en Estados Unidos no fue utilizado por la campaña.
Los expedientes abiertos para investigar la Campaña Petro
La nueva compulsa de copias de la Corte Suprema suma un capítulo más al complejo entramado judicial que rodea la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Después de tres años de las elecciones, múltiples autoridades mantienen investigaciones abiertas sin que se haya producido un fallo de fondo.
La investigación administrativa más robusta la adelantó el CNE, que en octubre de 2024 formuló cargos contra la campaña por omitir gastos superiores a los $5.300 millones, superar los topes legales y recibir aportes de fuentes presuntamente prohibidas, como los sindicatos Fecode y la USO. Ese expediente incluía al entonces candidato Petro, al gerente Ricardo Roa, a la tesorera y a los auditores.
Sin embargo, el proceso contra el Jefe de Estado se frenó después de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU275 de 2025, determinó que el CNE no tenía competencia para investigarlo y sancionarlo, ordenando remitir su caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por su fuero presidencial. El CNE, sin embargo, mantiene la competencia sobre Roa y los demás miembros de la campaña.
Por su parte, la Comisión de Acusación acumula ahora el expediente del CNE junto a otras dos indagaciones: una por los audios del exembajador Armando Benedetti sobre un presunto ingreso de “$15.000 millones” y otra derivada de las declaraciones de Nicolás, hijo del Presidente. Pese a realizar 24 diligencias probatorias, la Comisión no ha emitido decisiones de fondo.
En paralelo, la Fiscalía confirmó que mantiene abiertas seis líneas de investigación preliminares. Estas incluyen pesquisas sobre la financiación de la campaña de la vicepresidenta, Francia Márquez, los aportes de Fecode y la USO, las afirmaciones de Benedetti y el caso de Nicolás Petro, quien admitió en audiencia haber recibido dinero en efectivo de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el Hombre Marlboro”.
A este panorama se suman las actuaciones de la Procuraduría General, que abrió investigaciones disciplinarias contra Roa por presuntas omisiones en los reportes de campaña y contra Nicolás Petro por su rol como diputado. En un concepto técnico enviado al CNE, una delegada del Ministerio Público concluyó que la campaña violó los topes de gasto en la primera vuelta presidencial.