Una gran quema de llantas y bloqueos viales marcaron la jornada de este martes en el Bajo Cauca antioqueño, donde la tensión social continúa creciendo por el paro minero que mantiene cerradas las principales vías de la región.
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EL UNIVERSAL Y EFEEn la rotonda de Caucasia, las llamas y el humo se convirtieron en símbolo del malestar de cientos de trabajadores que reclaman garantías para continuar con la minería artesanal.
El punto más crítico se registra en el sector de Mandingas, salida hacia Medellín, donde los mineros mantienen un bloqueo total de la carretera Caucasia–Cáceres. Allí, la comunidad exige que el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia intervengan para buscar soluciones que permitan retomar la normalidad y garantizar su derecho al trabajo.
Destrucción de motores utilizados en la minería artesanal
El cierre de la vía comenzó la noche del lunes, después de que la Fuerza Pública destruyera varios motores utilizados en labores mineras. Según los manifestantes, la medida fue interpretada como un acto de represión que atenta contra el sustento de miles de familias. Desde entonces, el paso vehicular se encuentra completamente interrumpido.
La situación ha generado un fuerte represamiento de vehículos y amenaza con provocar desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en diferentes sectores del Bajo Cauca. Transportadores y habitantes reportan dificultades para movilizarse y acceder a bienes básicos.
Otro punto de tensión se vive en jurisdicción del municipio de Cáceres, a la altura del Batallón Rifles, donde los manifestantes cerraron totalmente la vía hacia la Costa Caribe utilizando vehículos, piedras y troncos. La protesta busca llamar la atención sobre lo que consideran una criminalización de la minería artesanal.
Los mineros denuncian abusos de autoridad durante los operativos de la Fuerza Pública y aseguran que la persecución contra la minería de subsistencia deja sin ingreso a miles de familias. Exigen que cesen las incautaciones y destrucción de maquinaria, y que el Estado cumpla los compromisos de formalización minera pactados en años anteriores.
José Correa, representante legal de gremios mineros del Chocó, expresó que el problema trasciende fronteras departamentales y afecta a toda la región. “Hoy el Gobierno nacional ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos es derecho al trabajo, no pedimos más”, afirmó.
La tensión social aumenta entre quienes no participan directamente en la protesta pero sufren sus efectos. En comunidades apartadas se teme un inminente desabastecimiento, y el clima de incertidumbre genera preocupación por la posibilidad de nuevos enfrentamientos o hechos de violencia como los ocurridos en paros anteriores.
Diversos sectores sociales hacen un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional para que instalen de inmediato mesas de diálogo en la zona. Las comunidades piden que se garanticen los derechos humanos y se busque una salida concertada a la crisis.