El Juzgado Penal Especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general (r) Ospina, como “presuntos determinadores” de los asesinatos de los abogados y defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, ocurridos en 1998.
La decisión judicial se dio en el marco de la sentencia condenatoria de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hallado responsable como “determinador” del secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999. Lea: Corte Suprema confirma la libertad de Álvaro Uribe tras fallo de tutela
Según el fallo, las declaraciones y documentos analizados por el juzgado sustentan la necesidad de que la Fiscalía examine el posible rol de los hermanos Uribe Vélez en los crímenes de Umaña y Valle, dos de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en Antioquia durante la década de los noventa.
Los casos que reabren el debate sobre la violencia en Antioquia
Jorge Eduardo Umaña fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá por tres individuos que ingresaron a su oficina haciéndose pasar por periodistas. En ese momento, el abogado había denunciado presuntas alianzas entre miembros del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y la Fiscalía, quienes, según sus advertencias, intentaban vincular a dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con ataques contra la infraestructura petrolera del país.
Por su parte, Jesús María Valle fue ultimado el 27 de febrero de 1998 en Medellín, cuando tres hombres entraron a su despacho y le dispararon. Valle había denunciado la presunta participación del Ejército en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia.
Tras conocerse la orden judicial, el expresidente Álvaro Uribe calificó la decisión como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.
Uribe también citó apartes de una sentencia de la Corte Interamericana que, según él, habría sido utilizada como base por el juzgado para ordenar la investigación.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, reaccionó señalando que “desde el poder público se ejercía el crimen en Colombia. Herederos de esta criminalidad poderosa siguen en las instituciones públicas y en la política, buscando devolver al crimen, el poder”.