Dos de los partidos más representativos de la oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, anunciaron acciones judiciales contra el presidente Gustavo Petro, en rechazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a Israel. Ambos coinciden en que las decisiones son ilegales y tienen repercusiones graves para la economía y las relaciones internacionales del país.
Cambio Radical, bajo la dirección de Germán Córdoba, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado contra los decretos 1047 de 2024 y 949 de 2025, que prohíben la exportación de carbón a Israel. Según la colectividad, el Gobierno se excedió en sus facultades al imponer una sanción internacional sin el respaldo del Congreso ni evidencia que justifique la medida. Lea: Petro amenaza con expulsar diplomáticos de Israel por retención de colombianas en Gaza
El director del partido fue enfático al señalar que “la determinación del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional”. En la acción, se argumenta que no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano tenga un uso militar en Israel y, por lo tanto, el acto administrativo carece de sustento.
Cambio Radical y Centro Democrático contra medidas de Petro
En la demanda, Cambio Radical también solicitó la suspensión provisional de los decretos, alegando que impactan directamente a las exportaciones, el empleo, las regalías y la estabilidad de las regiones productoras. “Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, afirmó Córdoba Ordóñez. Lea también: Quiénes son las colombianas retenidas por Israel rumbo a Gaza
Por su parte, el Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra el presidente Petro, esta vez en relación con la expulsión de la delegación diplomática de Israel en Colombia. Según la bancada, esa decisión amenaza de manera seria los vínculos bilaterales.
De acuerdo con la colectividad, la acción busca “proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”. La medida del Gobierno se produjo tras la interceptación de la flotilla global Sumud, en la que viajaban dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, como parte del Global Movement to Gaza.