El enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, escaló este lunes luego de que el funcionario lo calificara de “politiquero” y lo instara a dejar su cargo. Para Montealegre, el magistrado estaría utilizando su posición para hacer oposición política y frenar la reforma pensional que cursa en el alto tribunal.
En mensajes enviados por WhatsApp, el jefe de la cartera de Justicia reprochó que la Corte, bajo el liderazgo de Ibáñez, haya pasado —a su juicio— de defender los derechos sociales a alinearse con intereses del gran capital. “Ver el salto de trapecista, de una Corte históricamente defensora de los derechos sociales, a girar hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por él, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio”, escribió. Lea: Reforma pensional en debate: Cámara defiende que sí entregó actas a la Corte
Montealegre, quien presidió en el pasado esa corporación, fue aún más directo al sugerir que el magistrado debería abandonar la toga si busca jugar un papel en la política nacional. “Si Ibáñez Nájar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social— la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”, manifestó.
Choque por la reforma pensional en la Corte
El choque ocurre mientras la Corte Constitucional estudia la reforma pensional, un proceso marcado por cuestionamientos al trámite legislativo. El magistrado Ibáñez, ponente del caso, advirtió que en la Cámara de Representantes se había aprobado en bloque el texto del Senado sin el debate requerido, lo que configuraba un vicio de procedimiento.
Aunque el Congreso intentó corregir el error basándose en un comunicado de prensa de la Corte, el alto tribunal señaló que la subsanación no cumplía con lo ordenado en el Auto 841.
Tras la publicación íntegra de la providencia el pasado 14 de agosto, Ibáñez requirió a la Cámara las actas certificadas de las plenarias, pero el tribunal recibió documentación “parcial, incompleta o ambigua”. Solo hasta el 19 de septiembre la corporación entregó los registros completos.
El episodio llevó al presidente Gustavo Petro a hablar de un “golpe de Estado” y al ministro del Interior, Armando Benedetti, a acusar al magistrado de ejercer “acoso y hostigamiento contra el estado social de derecho”.
Un cruce con repercusiones políticas y de seguridad
Las tensiones entre el Gobierno y la Corte se agudizaron después de la intervención de Ibáñez en el Congreso Nacional de Comerciantes, durante los 80 años de Fenalco. En ese escenario, el presidente del tribunal alertó que las democracias actuales no caen de manera abrupta, sino que “se erosionan gradualmente”.
Entre las amenazas que mencionó figuran el “populismo autoritario que busca concentrar el poder” y la “toma de las instituciones por parte de los autócratas que utilizan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen por dentro”.
Ibáñez también defendió el modelo de economía social de mercado consagrado en la Constitución, recordando que “solo es posible gobernar a la sociedad mediante leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no mediante decretos improvisados”, citando al filósofo John Locke.
En medio de esta controversia, la seguridad del magistrado entró en el debate. La semana pasada, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación de oficio por amenazas en redes sociales contra Ibáñez, quien informó del caso directamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. “No es posible que nos dejemos albergar día a día con cualquier ataque o circunstancia que se presente”, declaró el magistrado.
Montealegre cerró sus mensajes con un llamado de alerta frente a lo que considera un “desbarrancadero institucional” y evocó el poema del pastor alemán Martin Niemöller sobre la pasividad frente al nazismo: “Y cuando llegaron por mí, ya era demasiado tarde”.